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Reproduced with permission of the author

UNA APROXIMACION AL ARTICULO 7 DE LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA MERCANTIL INTERNACIONAL (Aplicaciones concretas en la parte II de la Convención)

Mª del Pilar Perales Viscasillas

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

SUMARIO. I. INTRODUCCION. II. APUNTE HISTORICO AL PROCESO DE UNIFICACION DE LA COMPRAVENTA INTERNACIONAL. 2.1. De UNIDROIT a las Convenciones de la Haya de 1964. 2.2. La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y la Convencion de Viena de 1980. III. EL ARTICULO 7 DE LA CONVENCION DE VIENA: LOS PRINCIPIOS DE INTERPRETACION Y EL METODO DE SOLUCION DE LAS LAGUNAS LEGALES. 3.1. LOS PRINCIPIOS INTERPRETATIVOS. 3.1.1. Carácter internacional y uniformidad. a) Descripción. b) Una aplicación concreta: el plazo fijo de aceptación disciplinado por el artículo 16.2.a) CNUCCIM. b.1. Análisis de Derecho comparado. b.2. Análisis de la historia legislativa. b.3. La uniformidad como objetivo de política legislativa en la Convención. 3.1.2. La buena fe como principio general de interpretación: su aplicación en la fase formativa del contrato. 3.2. EL METODO DE INTEGRACION DE LAS LAGUNAS. 3.2.1. Formulación. 3.2.2. Una materia no resuelta por la Convención: la muerte y la incapacidad de cualquiera de los contratantes antes de la perfección contractual. a) Reglas generales en el Derecho comparado. b) Análisis de la cuestión en la Convención de Viena. Conclusión.

I.- INTRODUCCION

La oportunidad que la revista Cuadernos de Derecho y Comercio brinda para la elaboración de temas doctrinales sobre materias relacionadas, entre otras, con la contratación mercantil invita a que desarrollemos una exposición sobre la Convención de Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías de 1980 (en adelante CNUCCIM). Para nuestro país la entrada en vigor de este instrumento, pionero de lo que se ha venido en llamar Derecho Uniforme del comercio internacional, se produjo el 1 de agosto de 1991 previo depósito del Instrumento de Adhesión el día 24 de julio de 1990 y publicación el 30 de enero de 1991 en el Boletín Oficial del Estado.

El vasto y complejo articulado de la Convención -nada menos que 101 artículos- hace que circunscribamos el presente estudio a una disposición que puede configurarse como uno de los ejes centrales sobre el que giran los demás preceptos del texto uniforme. Como no podía ser de otro modo se trata de una norma dirigida a la interpretación del texto vienés en su conjunto, lo que incluye a todas sus disposiciones y, por supuesto, también al contrato mismo, así como el método que se estima aplicable para la solución de lo que técnicamente se configura como "cuestiones relativas a las materias que se rigen por la Convención que no están expresamente resueltas en ellas", esto es, el interesante problema representado por las lagunas legales.

A la hora de abordar el esquema bajo el cual se desarrollaría el examen de esta disposición, que se sitúa en la parte general de la Convención dedicada a las disposiciones generales, se nos revelaba como más interesante dejar de un lado todo tipo de disquisiciones doctrinales puramente abstractas para realizar una investigación con tintes prácticos que se concreta en algunos -lógicamente no todos- de los problemas que acechan a la interpretación de la Parte II de la Convención, que en un total de 11 artículos regula la fase formativa del contrato bajo una completísima disciplina que se centra en una construcción clásica del intercambio de una oferta por su aceptación.

II.- APUNTE HISTORICO AL PROCESO DE UNIFICACION DE LA COMPRAVENTA INTERNACIONAL

La búsqueda de seguridad y estabilidad en las relaciones comerciales internacionales es el motor sobre el que gira el movimiento de unificación internacional cuyo eje principal es el contrato de compraventa. El auge que experimentaron a principios de siglo los intercambios comerciales, debido a la mejora y rapidez de los medios de transporte, motivó la necesidad imperiosa de unificar internacionalmente el derecho substantivo y el aplicable [1] a los intercambios comerciales internacionales.

Múltiples son los esfuerzos unificadores que a lo largo del presente siglo tratan de sustituir las reglas nacionales por un conjunto de disposiciones más adecuadas para satisfacer los intereses de la comunidad internacional de comerciantes [2]. Esfuerzos susceptibles de enmarcarse en diferentes instrumentos desde las Convenciones hasta las meras guías jurídicas, lo que conduce al problema de cómo coordinar ese entramado de cuerpos legales [3]. Y es que la labor unificadora realizada por organismos internacionales, entre otros la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI o, en sus siglas inglesas, UNCITRAL), La Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, el Instituto para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT), y la Cámara de Comercio Internacional (CCI), da lugar al "resurgimiento de una nueva Lex Mercatoria marcada por la nacionalidad e internacionalidad como los dos polos entre los que transcurre una corriente que se ha convertido en uno de los signos de nuestro tiempo: la universalidad global del mundo de hoy" [4].

Una de las características comunes a todos los textos de elaboración y aplicación en foros internacionales es el de su extrema lentitud. La Convención de Viena es un exponente claro del camino evolutivo hacia la adopción de un instrumento de derecho uniforme con vocación universal. Mutación histórica que en el caso de la compraventa envuelve diversas instituciones de marcado acento internacional y diversas generaciones de juristas con el objetivo de lograr que la compraventa se rija por reglas comunes adoptadas por todos y adaptadas a la práctica comercial internacional [5].

2.1.- De UNIDROIT a las Convenciones de la Haya de 1964

El camino hacia un ordenamiento uniforme del comercio internacional se inició en abril de 1930 cuando se tomó la iniciativa en el seno del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado -conocido como UNIDROIT o Instituto de Roma- de nombrar un Comité encargado de elaborar un Proyecto de Reglas Uniformes sobre la compraventa internacional. A estos efectos se prepararon dos proyectos: uno sobre formación del contrato y otro sobre el derecho de venta, que fue elaborado en base a un trabajo del profesor Ernst Rabel [6].

El trabajo del Instituto de Roma se interrumpió durante la Segunda Guerra Mundial, reanudándose en 1951 y posteriormente en 1964 cuando se convocó en la Haya una Conferencia Diplomática internacional en la que se decidió seguir adelante con la unificación del derecho sobre compraventa proyectada. Tras tres semanas de trabajo intenso, el día uno de julio se adoptaron dos Convenciones: una relativa a un Derecho uniforme sobre compraventa internacional de mercaderías, que incorporaba como anexo una ley uniforme: Ley Uniforme sobre la Venta Internacional de Bienes Muebles Corporales (L.U.V.I., o en su sigla inglesa U.L.I.S.), y otra Convención sobre un Derecho uniforme sobre formación de contratos que igualmente incorporaba una ley uniforme sobre el tema: Ley Uniforme sobre Formación de contratos de Venta Internacional de Bienes Muebles Corporales (L.U.F., U.L.F.) [7].

La Convención de la Haya sobre venta entró en vigor el 18 de agosto de 1972, mientras que la Convención sobre formación lo hizo el 23 del mismo mes y año. Sin embargo, dichas Convenciones no llegaron a tener éxito por diversas razones. En primer lugar, y quizás la más importante, debido a la escasa representación mundial de los países en desarrollo y de los Estados de la Europa del Este [8], lo que junto a la rapidez de redacción se tradujo en un estilo y contenido de las reglas claramente influenciado por los juristas de formación romanista que eran los principales integrantes del Comité de Redacción [9]. A esto hay que unir el hecho del escaso número de países que ratificaron ambas o sólo una de ellas [10]. Por todas estas razones no es de extrañar el rechazo de las naciones menos favorecidas hacia un texto en el que no habían participado y que no refleja sus intereses en el comercio internacional.

El valor de estas Convenciones es en la actualidad prácticamente nulo. De conformidad con el artículo 99.3 CNUCCIM todo Estado que ratifique, acepte, apruebe o se adhiera a dicha Convención, deberá denunciar, en el caso que sea parte, la Convención de la Haya sobre la venta de 1964, o la Convención de la Haya sobre formación de 1964, o ambas Convenciones al mismo tiempo.

2.2.- La Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional y la Convención de Viena de 1980

Tras el escaso éxito de las Leyes Uniformes, el representante de Hungría ante las Naciones Unidas presentó un Memorándum en el que solicitaba la adopción de las medidas necesarias para promover la armonización y la unificación del derecho del comercio internacional [11]. A resultas de esta iniciativa se constituyó la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI-UNCITRAL) [12] que decidió centrar sus esfuerzos sobre la compraventa. En un principio UNCITRAL siguió los mismos pasos que sus predecesores decidiendo trabajar separadamente sobre los textos de la Haya, pero finalmente en su XI sesión (1978-Nueva York) refundió ambas materias, dando como resultado un Proyecto de Convención que recibió la aprobación unánime por parte de la Comisión [13].

Con la finalidad de poder trabajar sobre este Proyecto, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la convocatoria de una Conferencia Diplomática [14] que se celebró entre el 10 de marzo y el 11 de abril de 1980 y en la que participaron 62 naciones, más un Estado (Venezuela) que participó como observador y 8 organizaciones internacionales. Casi todas las disposiciones del Proyecto de Convención de UNCITRAL de 1978 fueron aprobadas por la Conferencia, aunque se hicieron cambios, sobre todo, en aras de una mayor claridad en la redacción del texto. Al final de la Conferencia se votó artículo por artículo, siendo aprobada el 11 de abril de 1980 (por 42 votos a favor y 9 abstenciones) la Convención de Naciones Unidas que establece un Derecho uniforme para las compraventas internacionales de mercaderías.

III.- EL ARTICULO 7 DE LA CONVENCION DE VIENA: LOS PRINCIPIOS DE INTERPRETACION Y EL METODO DE SOLUCION DE LAS LAGUNAS LEGALES

El largo proceso de unificación alcanza con la Convención de Viena la superación de los obstáculos que hicieron que las Leyes Uniformes de 1964 fracasaran en su intento de convertirse en un verdadero derecho universal codificado. Este resultado se convertiría en papel mojado de no ser por el esfuerzo de los redactores de UNCITRAL por lograr la incorporación de una regla que reconociese una interpretación autónoma y autosuficiente de la normativa convencional uniforme.

Esta es indudablemente la labor que se encomienda al artículo 7 CNUCCIM que constituye, sin duda, uno de los ejes centrales sobre el que gira la Convención en su conjunto, habida cuenta que facilita a través de la redacción de su párrafo 1º los cánones interpretativos para solucionar muchas de las controversias que pueden surgir al hilo de la aplicación del texto uniforme. Además, por virtud de su párrafo 2º, se prevé el método para solucionar la difícil cuestión de si una materia jurídica acerca de la cual la Convención nada dice se disciplina por el texto uniforme o, por el contrario, se excluye, en cuyo caso la solución debe buscarse acudiendo al sistema jurídico que resulte de aplicación por virtud de las normas de derecho internacional privado. Concretamente señala el artículo 7 CNUCCIM que:

1. En la interpretación de la presente Convención se tendrán en cuenta su carácter internacional y la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación y de asegurar la observancia de la buena fe en el comercio internacional.

2. Las cuestiones relativas a las materias que se rigen por la presente Convención que no estén expresamente resueltas en ella se dirimirán de conformidad con los principios generales en los que se basa la presente Convención o, a falta de tales principios, de conformidad con la ley aplicable en virtud de las normas de derecho internacional privado.

Esta disposición se incardina en la parte de la Convención dedicada a las disposiciones generales, resultando en consecuencia de aplicación al texto vienés en su conjunto. Conviene en este sentido hacer alguna precisión al respecto de la relación entre la regla interpretativa objeto de comentario y el principio de autonomía de la voluntad que en su formulación más amplia recibe consagración en el artículo 6 CNUCCIM y en virtud del cual las partes pueden excluir no sólo la aplicación entera del texto uniforme, sino que, en lo que ahora interesa, pueden establecer excepciones a cualquiera de sus disposiciones o modificar sus efectos (autonomía de tipo negocial). Esta libertad negocial no es como pudiera parecer en principio absoluta, sino que encuentra una muy importante excepción en la reserva que permite el artículo 96 en relación con el artículo 12 CNUCCIM (principio de forma escrita) y, principalmente, en la imposibilidad para los contratantes de variar o excluir los artículos 4 CNUCCIM (cuestiones de validez), 7 CNUCCIM (interpretación de la Convención y método para solucionar las lagunas), 8 CNUCCIM (interpretación de lo declarado y actuado por los contratantes) y, por último, 9 CNUCCIM (régimen de los usos normativos, convencionales y de las prácticas establecidas entre los contratantes) [15].

3.1.- LOS PRINCIPIOS INTERPRETATIVOS

Los principios de interpretación del texto uniforme son los mencionados en el párrafo 1º de la disposición: carácter internacional, uniformidad en su aplicación y observancia de la buena fe. Este precepto constituye uno de los aciertos más notables de la Convención habiendo recibido pleno reconocimiento en las sucesivas Convenciones de Derecho Uniforme que han sido elaboradas por UNCITRAL [16], aunque su concurso no será siempre necesario: particularmente cuando es la propia Convención la que proporciona los cánones interpretativos de alguna disposición, como el artículo 10 que se encarga de definir la noción de "establecimiento", el artículo 13 precisando de un modo amplío la noción "por escrito", y el artículo 24 que para una correcta interpretación de las disposiciones de la parte II de la Convención (Formación del Contrato) señala el alcance y amplitud del término "llega".

De modo general se recomienda el modo concreto en que se ha de realizar la interpretación debido al silencio del artículo 7: interpretación amplia del texto que se complementará con una interpretación gramatical, teleológica o finalista, histórica y sistemática apoyada por un sistema de integración de sus lagunas mediante el recurso a los principios generales [17].

La interpretación histórica recibe su máximo apoyo por la guia que proporciona el análisis de los discusiones previas a la adopción de la Convención. Estos trabajos previos se encuentran recopilados por UNCITRAL en diez volúmenes (Yearbooks) y en los Documentos oficiales (Official Records) sobre la Conferencia Diplomática que se celebró en Viena en la primavera de 1980. En este mismo documento, la Secretaría Jurídica de UNCITRAL lleva a cabo un sintético comentario de cada una de las disposiciones del Proyecto de Convención sobre compraventa de 1978 que, sin apenas variaciones, constituye el texto actual de la Convención de Viena [18]. No obstante, no deben santificarse las opiniones de la Secretaría porque en algunas ocasiones adopta un punto de vista demasiado influenciado por el sistema legal de origen de sus redactores.

Muy útil puede resultar, por otra parte, la interpretación desarrollada al hilo de los conflictos surgidos en el marco de las Leyes Uniformes de 1964. Doctrina que deberá aplicarse en la medida en que los supuestos de hecho y las disposiciones que les sirvan de fundamento coincidan, lo que no siempre será el caso porque las disputas en el ámbito del derecho de la Haya tuvieron su sede en países pertenecientes a la familia del civil law, existiendo, en consecuencia, un cuerpo jurisprudencial prácticamente unánime. Por lo que se refiere específicamente a la jurisprudencia sobre la Convención de Viena por el momento se cuenta con pocas decisiones tanto en el ámbito nacional como arbitral, no existiendo ninguna en nuestro país aunque si en otros [19].

Por otro lado, se pone de relieve que se ha de acudir -a modo de guía- a los criterios interpretativos de cuño internacional que la Convención de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados ofrece. Se dice que no puede entenderse que los principios interpretativos de la Convención de Viena de 1980 desplacen a los criterios de la Convención de 1969, sino que, por el contrario, se trata de criterios complementarios [20].

3.1.1.- Carácter internacional y uniformidad

a) Descripción

El propósito que se quiere conseguir mediante esta disposición es claro: la uniformidad en la aplicación de la Ley Uniforme sobre compraventa evitando el recurso a las normas de conflicto porque éstas son claramente inadecuadas para un tráfico comercial ágil que reclama un sistema adecuado de "prevención" de conflictos y no un sistema de solución de controversias que con razón es tildado de inseguro y rudimentario [21].

Conscientes los redactores de la Convención del peligro que supondría la aplicación del texto vienés en países con sistemas jurídicos diferentes y, por consiguiente, con reglas de interpretación sumamente dispares consiguieron ya en el Proyecto sobre Compraventa de 1978 introducir la regulación actual que supone el reconocimiento de un principio durante mucho tiempo ignorado en virtud del cual recibe atención el propio carácter internacional del texto. Se evitan así los peligros derivados de una aplicación al texto uniforme de las reglas interpretativas propias de un sistema jurídico que son inadecuadas para un texto de origen, elaboración, aplicación y aprobación en un foro internacional y, además, se evita que se destruya la uniformidad que se intenta conseguir en la aplicación de la Convención.

En consecuencia, "tener en cuenta el carácter internacional de la Convención" significa necesariamente tener presente el marco internacional de aplicación y desenvolvimiento permanente de las normas del Derecho uniforme. De un lado, se ha de evitar la aplicación de las reglas interpretativas propias de un ordenamiento nacional y en consecuencia realizar una interpretación desvinculada, en la medida de lo posible, del significado propio y tradicional de los términos en los ordenamientos domésticos a menos que exista un entendimiento común. Esto se entiende fácilmente, sobre todo, si se tiene en cuenta que la Convención es igualmente auténtica en seis idiomas lo que conduce inexorablemente a evitar una interpretación de cada uno de sus términos no sólo según las diferentes lenguas, sino también en función del significado propio que les otorga los diferentes sistemas jurídicos nacionales [22], lo cual ciertamente será difícil en la práctica porque los jueces y árbitros se encuentran bastante cómodos con su propia tradición doctrinal y jurisprudencial, la cual muy probablemente intentaran conservar.

b) Una aplicación concreta: el plazo fijo de aceptación disciplinado por el artículo 16.2.a) CNUCCIM

El artículo 16 en su párrafo 2º recoge las excepciones a la regla general en la Convención respecto al modo de concebir la naturaleza jurídica de la proposición de contratar, esto es, la revocabilidad. En lo que ahora es importante, el apartado a) de este artículo señala que la oferta no podrá revocarse "si indica, al señalar un plazo fijo para la aceptación o de otro modo, que es irrevocable".

Nos referimos como supuesto base a una oferta en la que se establezcan cláusulas del siguiente tenor literal: "dispone de un plazo de 20 días para aceptar" o "si no recibo su respuesta de aceptación antes del 15 de septiembre, la oferta caducará"[23]. Se trata de un plazo fijo (determinado en la oferta) mediante el cual se concede al destinatario un lapso de tiempo para que realice su contestación a la propuesta; no se trata de aquellas situaciones en las que se establece que el destinatario dispone de un plazo de duración razonable para aceptar -art.18.2 CNUCCIM-porque, tanto si se considera que un plazo de aceptación fijo es sinónimo de irrevocabilidad, como si se sustenta la postura opuesta, el plazo de duración razonable implica la plena revocabilidad de la misma.

El período para aceptar cumple en el texto vienés una doble función: sirve, de un lado, para establecer si la aceptación que recae es eficaz, dependiendo de si se consiente dentro del plazo fijado (art.18.2 CNUCCIM); por otro, puede indicar la obligación del oferente de mantener la oferta durante el tiempo establecido sin que pueda durante todo ese período revocar su declaración de voluntad. El primer efecto es claro e incontrovertido: el oferente que demuestra su intención de celebrar un contrato puede también exigir que la aceptación recaiga dentro del plazo que él fije, pasado el cual la aceptación, que no llega o no lo hace temporáneamente, deviene ineficaz y el contrato no llega a perfeccionarse a menos que el propio oferente valide la aceptación retrasada (art.21.1 CNUCCIM). El segundo efecto -dependiendo del prisma bajo el cual se mire el plazo de aceptación señalado en la oferta- puede significar, bien vinculatoriedad de la propuesta para el oferente, bien libre revocabilidad de la oferta en cualquier momento anterior a la aceptación.

Esta doble manera de entender la irrevocabilidad de la oferta en el texto uniforme deriva de las grandes diferencias estructurales existentes en los diversos ordenamientos jurídicos y especialmente de la conflictiva historia legislativa de la disposición que da como resultado esa doble redacción ambigua del precepto: a) la propuesta debe indicar que es irrevocable para que así sea; o, b) la indicación de la irrevocabilidad puede hacerse fijando un término para aceptar.

b.1) Análisis de derecho comparado

Por lo que respecta al diferente modo de concebir la naturaleza jurídica de la oferta en el marco de los sistemas jurídicos de nuestro entorno, hallamos que a grandes rasgos en los ordenamientos jurídicos de influencia germánica se concibe que la oferta es irrevocable para su autor desde el mismo instante de su emisión (pfo. 145 BGB); mientras que en los sistemas del common law, el principio general de revocabilidad se lleva hasta sus últimas consecuencias al ser doctrina plenamente consolidada la que establece que, aun cuando el oferente establezca en su oferta que es irrevocable durante un determinado período, podrá ser revocada hasta la aceptación a menos que ese plazo se otorgue bajo la figura de la consideration[24].

Es lo que se denomina "option contracts" o contratos de opción. La opción tiene un doble significado, de un lado, y de una manera muy simple, la concesión de un plazo durante el cual la oferta se mantiene abierta; de otro, se enlaza con la naturaleza misma del contrato concibiéndose como un contrato unilateral por el cual el oferente de la opción garantiza o, mejor dicho, promete al destinatario de la misma el poder de realizar o rechazar un contrato durante el tiempo fijado aunque claro está no le obliga a realizarlo [25]. En todo caso es imprescindible la concurrencia de la figura de la consideration, cuya falta desnaturaliza la figura de la opción a la de mera oferta revocable que puede ser, por tanto, anulada en cualquier momento anterior a la aceptación.

En nuestro derecho doméstico, la regla general es la de la revocabilidad, admitiéndose la irrevocabilidad en determinadas circunstancias: mediante la renuncia (expresa o tácita) a la facultad de revocar -frecuentemente mediante la expresión "oferta en firme", "vinculante" o "irrevocable"- admitida de modo general en el artículo 6.2 del Código Civil [26]. Oferta que no pude revocar el oferente durante el tiempo por él señalado o, a falta de plazo, durante un tiempo razonable [27], por lo que le vincula durante todo ese período. Para que exista, pues, una oferta irrevocable es necesario que conste de forma clara la renuncia a la facultad de revocar no bastando con la simple indicación de un plazo para aceptar. Plazo de aceptación que fija el oferente voluntariamente y que no implica la extinción, en nuestra opinión, del derecho de revocación de la misma ni una dejación tácita de su facultad de revocar, [28] sino únicamente la delimitación de un espacio de tiempo dentro del cual el oferente pretende perfeccionar el contrato si se acepta.

Esta postura recibe apoyo, en nuestra opinión, por parte de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Si se analiza cuidadosamente la misma no se encuentra una consolidada tendencia jurisprudencial que avale la hipótesis de que el plazo de aceptación es sinónimo de irrevocabilidad, siendo en cambio doctrina reiterada -STS 20 abril 1904, 22 diciembre 1956 (RA 4135) y 7 junio 1986 (RA 3296)- la que establece que "el contrato exige concurso de voluntades, y este concurso no existe cuando sólo media la manifestación de un propósito, retirado por su autor antes de ser aceptado por la otra parte"; con la excepción de la aislada sentencia de 7 marzo 1968 (RA 1735) que -en un supuesto de oferta de venta de un inmueble con un plazo expreso para aceptar- declara que "no puede el oferente reducir unilateralmente el plazo de la oferta y como esta fue aceptada en el término concedido, el contrato de compraventa quedó perfeccionado y exigible su cumplimiento". Este último pronunciamiento, además de tratarse de una decisión aislada, no puede trasladarse al ámbito formativo de las compraventas mercantiles por la diferente naturaleza del objeto enjuiciado (un inmueble) y, además, porque asimila y traslada los efectos característicos del plazo de opción, típico de las compraventas de inmuebles, a las ofertas irrevocables, amén de tratarse de un caso en el que se involucran cuestiones de Derecho foral.

b.2) Análisis de la historia legislativa.

Las consecuencias de un entendimiento tan dispar, como acaba de evidenciarse, acerca del significado de un plazo fijo para la aceptación se revelaron como un grave escollo para conseguir la unificación del derecho sobre venta. Y es que el entendimiento de la naturaleza jurídica de la oferta no ha sido una cuestión unánime durante los sucesivos Proyectos que pretendían unificar el derecho sobre venta. El lejano Proyecto de Roma sobre Formación de 1958 especificaba que la regla general era la de la irrevocabilidad de las ofertas; regla que al examinarse durante la Conferencia de la Haya de 1964 se transformó en el principio contrario pero se indicaron de manera rotunda ciertas excepciones al principio general. Una de ellas era precisamente la relativa a que el establecimiento de un plazo fijo para aceptar es indicativo de la voluntariedad del oferente de considerar su oferta como irrevocable (art.5.2 LUF).

Sin embargo, al revisarse esta normativa por UNCITRAL se hicieron algunos cambios que, mas que aclarar el texto o mejorar su redacción, han contribuido a complicar el entendimiento -conseguido en la LUF- de si el plazo fijo para la aceptación implica irrevocabilidad per se. Se intentaba mediante este cambio de redacción buscar una solución de compromiso que satisficiese los puntos de vista divergentes entre los sistemas del civil law y los del common law, si bien lo único que se consiguió crear fue ambigüedad en el texto [29]. Esta formulación polivalente del precepto, en el que falta un sentido único y determinado, puede llevar aparejada una interpretación divergente por parte de los órganos jurisdiccionales nacionales. Tribunales que, ajenos al proceso negociador y a la historia legislativa del texto, pueden armonizar el tenor literal de la disposición al amparo de su propia experiencia nacional.

b.3) La uniformidad como objetivo de política legislativa en la Convención

Es en el campo doctrinal donde han comenzado a proliferar las opiniones que avalan la configuración del plazo determinado para aceptar como un comodín dependiente del sistema jurídico al que pertenezcan los contratantes. Particularmente se dice que no es deseable una interpretación del artículo 16.2.a) CNUCCIM en la que se imponga a dos contratantes de un mismo sistema jurídico, concretamente del common law, una solución divergente a la establecida por su régimen jurídico de origen [30].

Esta solución, en nuestra opinión, es inaceptable dentro del sistema uniforme porque se trata claramente de un compromiso que se enlaza directamente con lo que cada uno de los contratantes tenía en mente a la hora de celebrar el acuerdo, por lo que es evidentemente criticable. Además del hecho que conduciría al resultado poco práctico en el comercio internacional de entrar a averiguar caso por caso el concreto sistema al que pertenecen los contratantes. De modo que por regla general -aunque no todos los países incardinados en el sistema de civil law aceptan la irrevocabilidad de la oferta cuando existe un plazo para aceptar-si los contratantes pertenecen a un sistema del tipo jurídico germánico, ese plazo determinado significará que la oferta posee fuerza vinculante y, al contrario, cuando se trate de partes cuyos sistemas jurídicos se incardinan en el aérea de influcencia del common law se entenderá que la propuesta debe considerarse como revocable. Por otro lado, los sustentadores de esta interpretación no señalan la respuesta que habría de darse a las hipótesis de contratos que envuelven a contratantes mixtos (de una u otra aérea jurídica), lo que produciría el efecto de una vuelta sin salida a la discusión.

Esta tesis, por tanto, se muestra claramente contraria al principio de uniformidad aplicativa de la Convención consagrado en el artículo 7 CNUCCIM [31]. Principio esencial para el óptimo desarrollo del texto uniforme y que se enlaza íntimamente con los objetivos de política legislativa y de seguridad jurídica que persigue la Convención: la creación de un texto de aplicación universal a todos los sistemas jurídicos, económicos, sociales y políticos del mundo. Aplicación universal y uniforme que claramente se destruye si se acepta la posibilidad de que el apartado a) del artículo 16.2 CNUCCIM, esto es, la inclusión en la oferta de un plazo fijo para aceptar pueda servir de comodín. En definitiva, esa óptica del texto uniforme como recolector de las reglas del civil law y del common law debe ser superada: la Convención aspira a establecer la creación de un derecho uniforme que sirva a todos los grupos de sistemas jurídicos, que son difícilmente conciliables, a través de un texto que sirva a la deslocalización del derecho [32].

Por eso, un texto como el de la Convención no puede ser nunca el reflejo de un único régimen jurídico sino que al estar implicados sistemas económicos, jurídicos y sociales tan dispares obliga, en muchas ocasiones, a flexibilizar posturas y a despojarse de todo sentimiento jurídico nacional. La Convención de Viena como sistema que busca establecer una sólida base de entendimiento entre los grandes sistemas jurídicos, que hasta la creación del texto uniforme ha supuesto la existencia de reglas diversas sobre la fundación del contrato en el marco internacional de su desenvolvimiento, debe intentar asimismo adecuarse a las prácticas comerciales en las que se desarrolla el tráfico internacional entre empresarios.

A modo de conclusión indicar que el señalamiento de un plazo fijo para aceptar no implica en principio la irrevocabilidad de la oferta porque el plazo de aceptación no puede identificarse con el período de irrevocabilidad. Mediante la incorporación de un plazo de vigencia de la oferta, el oferente pretende establecer su voluntad de que se acepte durante ese período sin que signifique per se la renuncia a la facultad de revocar. Plazo que se establece tanto en beneficio del oferente mismo como del aceptante; mientras que la fijación de un período de irrevocabilidad únicamente beneficia al destinatario de la oferta que obtiene la seguridad que el oferente no revocará su declaración de voluntad. Con todo es posible que el plazo fijado por el oferente para recibir una respuesta no tenga una única acepción dependiendo de la transacción, los usos o de las prácticas establecidas entre los contratantes (art.9 CNUCCIM). Lo que no es dable es una interpretación que destruya las políticas legislativas que deben íntimamente unirse a un texto de aplicación universal, so pena de dejar reducido el campo aplicativo de la Convención al vacío.

3.1.2.- La buena fe como principio general de interpretación: su aplicación en la fase formativa del contrato.

Otro elemento a tener en cuenta en la interpretación de la Convención, además de la uniformidad e internacionalidad del texto, es el de la "necesidad de asegurar la observancia de la buena fe en el comercio internacional". Ciertamente que la ubicación actual de la buena fe (como principio general interpretativo de la Convención) puede pasar inadvertido para cualquier lector no familiarizado con el proceso de elaboración de este tipo de instrumentos internacionales. Y es que se trata del destierro de la buena fe en una remota provincia como parte de un compromiso únicamente detectable mediante el análisis de los documentos oficiales [33].

Efectivamente, la referencia a la buena fe se adoptó en base a un compromiso entre los partidarios de que durante la formación del contrato las partes debían observar los principios de trato limpio y buena fe -postura que fue tomada en consideración por el Grupo de Trabajo de UNCITRAL durante su 9ª sesión al incorporar al artículo 5 del Proyecto sobre formación de 1976 la siguiente disposición: "Durante la formación del contrato, las partes deberán observar los principios relativos a las prácticas comerciales leales y actuar de buena fe"- y, por otro lado, los que sostenían que esa referencia debía ser eliminada ya que era demasiado vaga y podía conducir a incertidumbres a la hora de su aplicación por los jueces nacionales que se verían muy influenciados por su sistema legal. Tras diversas propuestas, se optó por trasladar la mención sobre la buena fe a la disposición sobre interpretación de la Convención que se situó en la parte dedicada a las disposiciones generales del Proyecto sobre Convención de 1978 (art.6) [34].

Durante las deliberaciones de la Conferencia de Viena se hicieron varias propuestas para modificar este artículo; sobre todo destaca la de la delegación italiana que sugería la eliminación de la referencia a la buena fe y añadir un nuevo artículo en el que se estableciese que en la formación, interpretación y ejecución del contrato de compraventa las partes deberán observar los principios de buena fe y cooperación internacional. Esta propuesta fue rechazada por 10 votos a favor y 18 en contra. Al final se tomaron en consideración algunas de las otras enmiendas que significaron cambios no sustanciales de redacción, aprobándose finalmente la actual configuración del artículo 7 CNUCCIM [35].

Este precepto, como ya sabemos, sitúa la buena fe en las disposiciones generales; concretamente en un artículo cuyo objeto es la interpretación de la Convención. Del bagaje legislativo de la buena fe se afirma por un sector doctrinal que el compromiso que supuso el traslado de la buena fe de las disposiciones sobre formación del contrato implica que ya no puede ser impuesta como regla de comportamiento a las partes durante la formación contractual [36]. Otros, sin embargo, creen que la observancia de la buena fe podría tener una gran importancia pese a su localización en las disposiciones sobre interpretación, en concreto en lo referente a la conducta de las partes [37].

Por lo que respecta a la parte II de la Convención dedicada a la formación del contrato es sumamente importante determinar si de la buena fe que se predica de la interpretación de la Convención puede inferirse un principio general de actuación de las partes durante el proceso de formación de un contrato. Resulta claro que el objetivo de asegurar la observancia de la buena fe es un principio de interpretación y aplicación de las disposiciones de la Convención y, por ende, del contrato. Sin embargo, consideramos que no debe quedar relegado a esta mera función interpretativa, sobre todo si se tiene en cuenta que la buena fe es un principio general informante de la Convención en su conjunto que influye en el comportamiento que puede exigirse a los contratantes [38]. Además, con el objeto de no destruir la uniformidad en la aplicación del régimen uniforme, el principio de buena fe debe ser aplicado conforme al modo en que es reconocido en el comercio internacional y por tanto desvinculado de su significado en los ordenamientos domésticos.

Es precisamente en el ámbito del Derecho no unificado donde hallamos un grave obstáculo para la generalización de este principio en la fase de formación contractual. Se trata principalmente de los países del entorno del "common law" que son los que se muestran reacios a establecer con carácter general el límite que para la actuación de los contratantes representa la buena fe durante la fase antecontractual, principalmente debido a que la libertad de negociar (freedom to deal) no se entiende si no se acompaña del reverso de la moneda: la libertad de no contratar (freedom not to contract). De acuerdo con esta idea los tribunales americanos se han mostrado contrarios a la formulación de un deber general de buena fe ("good faith"), ya que, en principio, la misma no se aplica al período de negociaciones por el mandato de la sección 1-203 del UCC ("Every contract or duty within this Act imposes an obligation of good faith in its performance or enforcement"). Principio de buena fe que ha acabado por incorporar expresamente -en el caso de contratos realizados entre comerciantes- no sólo el estándar de la honestidad de hecho, sino también el de trato limpio ("fair dealing") en el comercio (sección 2-103.1.b UCC).

Es por esta razón por lo que la responsabilidad precontractual durante las negociaciones, es decir, en una fase anterior a la oferta se impone por los tribunales de ese país de una forma bastante limitada: en base al enriquecimiento injusto, a las promesas realizadas por una de las partes durante las negociaciones ("promissory estoppel") o en base a la "misrepresentation" o falsa representación. Se aprecia, no obstante, en los últimos años un cambio favorable de la jurisprudencia norteamericana a la admisión de la buena fe, al menos como un principio que fomente la confianza mutua entre los operadores del tráfico [39]; terminando finalmente por reconocer la aplicación del principio de buena fe (bargain in good faith) en fases avanzadas de la negociación: en lo que se llama acuerdos preliminares ("preliminary agreements") [40].

Este examen del sistema norteamericano nos permite extraer una conclusión extrapolable al sistema vienés: la imposibilidad de determinar el exacto contenido y alcance de la buena fe, que como se recordará en principio no se aplica al período precontractual, no ha impedido su aplicación a un buen número de casos. En concreto, el deber de "fair dealing" ha recibido por los tribunales un contenido específico que se identifica con varias situaciones relacionadas con la fase formativa: el rechazo a continuar las negociaciones cuando se negoció llegar a un acuerdo; el empleo de tácticas impropias; la realización de propuestas claramente no razonables y la ocultación de información [41].

En definitiva, y aunque la cuestión planteada no admite afirmaciones rotundas, estimamos muy conveniente la consideración de que los contratantes queden obligados a comportarse de buena fe, es decir, leal y verazmente durante las negociaciones y por supuesto una vez que se emite una oferta. Claro está que la aplicación de la buena fe durante esta fase no puede ser formulada de una manera tan amplia y rigurosa que prácticamente impida a las partes separarse de las negociaciones porque entonces dejaría de tener fundamento esta fase de la negociación cuya característica más sobresaliente consiste, precisamente, en la libertad de las partes para separarse de la misma.

En este orden de ideas resulta gratificante la perspectiva que sobre la buena fe ha consagrado definitivamente UNIDROIT en la reciente formulación de los principios generales sobre el derecho de venta [42].

3.2.- EL METODO DE INTEGRACION DE LAS LAGUNAS

3.2.1.- Formulación

Por último, para finalizar el análisis de la regla interpretativa del artículo 7, resta por detenerse en el alcance del párrafo 2º que intenta dar solución a los problemas que pudieran suscitarse ante las lagunas legales. Esta disposición tiene su antecedente inmediato en el texto del artículo 17 de la LUVI al que sigue en líneas generales excepto en lo que se refiere al recurso subsidiario a las normas de derecho internacional privado. Referencia esta que se incorporó durante la Conferencia de Viena en base a una propuesta de la antigua República Democrática Alemana y que en el fondo suponía un compromiso entre los que consideraban que el recurso a los principios generales era demasiado impreciso, habida cuenta de que no se formulan y, por otro lado, los que temían el recurso directo a las normas de derecho interno [43].

La principal virtud de este artículo es la de evitar cualquier recurso prematuro al derecho nacional al conseguir crear un sistema autosuficiente que -como es lógico- no pretende regular todas las cuestiones que en una compraventa puedan suscitarse; objetivo que sólo podría haberse logrado a costa de un texto largo y detallado que habría resultado pesado y probablemente poco adecuado para su aceptación internacional. Por eso, para tener una idea precisa del supuesto que ahora examinamos hemos de partir de la consideración que la Convención establece su propio campo de aplicación dejando fuera expresamente toda una serie de materias que se enumeran en los artículos 2 a 5 CNUCCIM o que a lo largo de su articulado son excluidas como las formalidades exigidas para el pago del precio (artículo 54 CNUCCIM).

No existirá, en consecuencia, ningún problema para los supuestos que claramente estén regulados o, por el contrario, excluidos por la Convención a los que se aplicará el derecho nacional no uniforme que resulte aplicable según las reglas conflictuales. Sin embargo, es más difícil determinar en que supuestos estamos en presencia de "una materia que se rige por la Convención, pero que no está expresamente resuelta en ella", es decir, ante las llamadas lagunas internas [44]

Sin entrar en una enumeración caso por caso de las materias que constituyen lagunas internas de la Convención, si podemos establecer con alcance general una delimitación de lo que significa de tal manera que mediante esta podamos ante supuestos concretos deducir su inclusión o, por el contrario, exclusión del ámbito de la Convención. En línea de principio se puede afirmar que la expresión "materias que se rigen por la Convención" engloba aquellas cuestiones que en esencia caen dentro del estricto ámbito de aplicación de la misma, a pesar de su clasificación y caracterización de acuerdo con el derecho nacional. Es decir, son únicamente aquellas sobre las que versa un artículo de la Convención [45], para lo cual será necesario acudir a los criterios interpretativos del párrafo 1º del artículo 7 CNUCCIM.

Debe observarse que el párrafo 2º está íntimamente relacionado con el 1º. En gran medida la decisión sobre si hay una laguna dependerá del alcance interpretativo que se otorgue a las disposiciones de la Convención; de donde se extrae la consecuencia de que dependiendo de la técnica interpretativa que se adopte las soluciones sobre si existe una laguna serán diferentes. La técnica interpretativa a emplear es la que marca el propio artículo 7.1: carácter internacional y uniformidad en su aplicación, así como la observancia de la buena fe en el comercio internacional. Términos que ya han sido comentados en las líneas precedentes.

En cuanto al método que se establece para solucionar las lagunas internas; primero se ha de acudir por vía analógica a la solución del supuesto; si falla, se recurrirá a los principios generales en los que se basa la misma o, en su defecto, al Derecho nacional que resulte aplicable. Ciertamente, el recurso a los principios generales de la Convención complica mucho más el panorama así descrito, especialmente, si tenemos en cuenta que en la Convención no se enumeran dichos principios y, por ende, tampoco se establece su contenido y alcance. Algunos de ellos están expresamente establecidos por la Convención, por ejemplo, el principio de buena fe (art.7), el principio de libertad de forma (art.11); el principio de autonomía de la voluntad (art.6); el principio de recepción conforme al cual las declaraciones y comunicaciones en sede de formación contractual se consideran perfectas desde el instante de su "llegada" (art.24); el principio de que nadie pude ir contra sus propios actos (art.29.2), etc. La mayoría de ellos, sin embargo, habrán de inferirse mediante un proceso de deducción y abstracción de las concretas normas de la Convención. Es lo que se denomina el "test de la razonabilidad" que constituye un criterio general para calibrar el comportamiento de las partes [46]

De todas formas, el que las lagunas deban solucionarse acudiendo a los principios generales es lo más adecuado si pensamos que el propósito de la Convención es llegar a configurarse en un verdadero derecho de venta de aplicación general y universal. Esto significa que sólo mediante un sistema de interpretación propio y de integración de sus lagunas mediante los principios rectores inmanentes a la Convención, asi como mediante la aplicación analógica de sus disposiciones puede conseguirse el ansiado deseo de una aplicación verdaderamente universal.

En la actualidad existen dos iniciativas para codificar los principios generales de la contratación que pueden resultar de una gran ayuda. En primer lugar, una iniciativa de ámbito restringido a los países de la Comunidad Europea que a través de la creación de una Comisión ad hoc trata de elaborar los Principios del Derecho contractual europeo. Comisión que reúne a un conjunto de juristas de los países comunitarios sin vinculación con los gobiernos de los Estados miembros y que, de momento, no se ha decidido a elaborar los principios relativos a la formación del contrato [47]. Por otro lado, existe otra iniciativa a cargo de UNIDROIT que, como ya hemos señalado, recientemente ha recibido su aprobación plena y que puede ser tildada de universal porque ha tratado de elaborar una suerte de Principios aplicables universalmente a todos los contratos comerciales internacionales [48]

3.2.2.- Una materia no resuelta por la Convención: la muerte y la incapacidad de cualquiera de los contratantes antes de la perfección contractual.

En la casi totalidad de los sistemas de derecho comparado surge la polémica acerca de si la fase de formación del contrato se ve obstaculizada por el hecho que una de las partes muera o devenga incapaz antes de la aceptación. Controversia que se repite en el texto uniforme debido a la falta de regulación de esta cuestión en el articulado de la Convención.

a) Reglas generales en el Derecho comparado

En el derecho alemán, se recoge como principio general dominante el de la concepción substantiva de las declaraciones de voluntad. De esta concepción substantiva se deriva que el encuentro de la oferta y la aceptación basta para formar el contrato, aunque esas dos declaraciones sean independientes la una de la otra (pfo. 151 BGB). Se trata, en definitiva, del encuentro de dos declaraciones de voluntad independientes constitutivas de actos jurídicos unilaterales. Por eso, la oferta se concibe como una declaración de voluntad substantiva o autónoma (pfos. 130.2 y 153 BGB) desde que sale del ámbito de poder del proponente, lo que conduce a la importante consecuencia de la irrevocabilidad de la oferta como principio general a menos que se excluya su fuerza vinculante.

Esta concepción substantiva conduce a que la muerte o la incapacidad del oferente ocurrida después de la emisión, pero antes de que recaiga la aceptación, no conlleve la extinción de la oferta. El contrato se perfecciona con la llegada de la aceptación al heredero o representante del oferente salvo que se trate de una oferta que requiera una prestación personal o de la oferta se derive una voluntad contraria del proponente. Si, por otra parte, el destinatario de la proposición de contratar se ve inmerso en esas posiciones antes de la efectividad de la oferta, sus herederos o representantes legales podrán aceptarla. Del mismo modo, si esos hechos acacen antes del envío de la aceptación o una vez que ya se ha despachado, aquellas mismas personas podrán igualmente remitir la comunicación [49].

En los sistemas del common law, en cambio, las declaraciones de voluntad no se consideran independientes de las vicisitudes personales por las que atraviese su autor por lo que si antes de ser aceptada la oferta acaece el fallecimiento o la pérdida de capacidad del mismo las declaraciones se entienden caducadas sin necesidad de notificación a la parte interesada. Esta regla general está sujeta a algunas matizaciones. Se trata del caso de las ofertas irrevocables y de los contratos de opción acompañados de consideration, en los que si el oferente o el destinatario mueren o devienen incapaces antes de la aceptación y siempre que la ejecución del contrato resulte aún posible los representantes del destinatario conservan el poder de aceptar.

De manera muy similar se concibe la substantividad o autonomía de las declaraciones de voluntad en los sistemas jurídicos español, francés e italiano, donde la pauta predominante tradicional es que las ofertas revocables terminan con la muerte o incapacidad de cualquiera de los contratantes (admitiéndose también que para las ofertas irrevocables no es aplicable esa regla). Principio preeminente porque se entiende que la oferta no es una declaración autónoma, siendo la intransmisibilidad de esa declaración la doctrina tradicional [50]. No obstante este común entendimiento, discrepan los sistemas jurídicos reseñados en torno a las excepciones.

a) En el derecho francés, aunque la oferta se realice por un empresario si acaece el fallecimiento o la incapacidad de cualquiera de los contratantes, la oferta caduca; no así en los supuestos de ofertas irrevocables.

b) El sistema jurídico italiano establece, en cambio, que las ofertas tanto irrevocables -en atención a la naturaleza jurídica especial que presentan- como aquellas que se insertan en el ámbito de las operaciones de una empresa no concluyen por el fallecimiento o la incapacidad de las partes contractuales, sino que vinculan a los herederos o representantes del oferente (artículo 1330 CC italiano). Se excluyen de esta regla los casos en que la transacción envuelve a pequeños comerciantes (aquellos cuyas actividades se realizan personalmente y con la ayuda de sus familiares -artículos 2082 y 2083 CC italiano-) y aquellas hipótesis de las que se extraiga una conclusión diferente por la naturaleza de la transacción u otras circunstancias.

A pesar de la existencia de esas disposiciones que evita en gran medida disputas de tipo doctrinal, resulta un tanto controvertida la substantividad de la declaración de voluntad en relación al destinatario de la oferta al que se somete a un diferente tratamiento que deriva de lo dispuesto en el artículo 1329 CC italiano. Precepto que adopta la postura que la muerte o incapacidad del oferente no destruye la efectividad de la oferta irrevocable, lo que lleva a algunos autores a considerar que en el caso del fallecimiento del destinatario de la oferta si se quiebra.

c) En nuestro derecho doméstico, por útlimo, algunos autores se esfuerzan en mantener la teoría tradicional, aunque admiten excepciones en la línea del Código Civil italiano [51]. Conviene matizar que en el derecho italiano la regla es muy clara porque cuenta con preceptos legales expresos, no así en nuestro sistema que se ha construido sobre la base de construcciones doctrinales, que se apoyan en algunos preceptos del Código Civil (artículos 659 y 661; 663 y 1257, y, especialmente, 633.2, entre otros) y jurisprudenciales, por ejemplo, la STS 23 de marzo de 1988 (RA. 2422) [52].

b) Análisis de la cuestión en la Convención de Viena

El silencio de la Convención de Viena no debe inducir a pensar que los redactores de los precedentes del texto vienés no se preocuparon por este tipo de situaciones. Ya desde el Proyecto de Roma sobre formación del contrato de 1958 se intentó dar salida a estas hipótesis, inclinándose por la solución negativa tal y como se recoge en el artículo 4.3 del mismo que no entendía caducada la oferta cuando la muerte o incapacidad del oferente sobrevenía lógicamente, aunque no lo diga, una vez que la declaración se había puesto en curso de transmisión; si bien hacía una salvedad: la relativa a la posibilidad de revocar la oferta tan pronto como fuese posible y siempre que la muerte o la incapacidad implicasen la paralización o cesación de la actividad empresarial. Por otro lado, si los hechos que comentamos sobrevenían al destinatario de la oferta antes de la aceptación la oferta se entendía caducada [53].

A pesar de las criticas, que durante la Conferencia de la Haya recibió ese precepto del Proyecto de 1958, se continuó en una línea muy parecida, en el sentido que se concebía mayoritariamente por las delegaciones que la muerte e incapacidad del oferente son acaecimientos que no deben afectar a la formación del contrato, habida cuenta que la actividad negocial se sigue con normalidad pese al evento de esas situaciones. Se opinaba, en ese sentido, que la vida comercial es independiente del cambio de titular [54]. Por eso, el artículo 11 de la L.U.F. señala que la formación del contrato no queda afectada por la muerte de una de las partes o por su incapacidad de contratar antes de la aceptación, a menos que resulte lo contrario de la intención de las partes, de los usos o de la naturaleza de la transacción.

A diferencia de estos textos, la Convención de Viena guarda absoluto silencio en torno al destino de la oferta y de la aceptación cuando en el intervalo de tiempo entre la emisión de las declaraciones de voluntad y su perfección o efectividad el oferente o el aceptante mueren o devienen incapaces. Se trata de una cuestión de interpretación de unos acontecimientos sobre los que el texto uniforme calla a pesar de las tentativas por disciplinar estos sucesos como la sugerencia presentada durante la revisión del Proyecto de formación de 1976 de que se incluyese una disposición por la que la oferta se extinguiese por la muerte o quiebra del oferente; o la propuesta del representante de Israel, durante la Conferencia de Viena, de incluir en el artículo 15 del Proyecto de 1978 otras circunstancias que también implicasen el rechazo de la oferta (muerte, incapacidad o quiebra de cualquiera de los contratantes) [55].

Los comentaristas de la Convención se muestran un tanto divididos a la hora de pronunciarse sobre el problema objeto de análisis. Discrepancias que son tanto de fondo como de forma, oscilando entre las posiciones rígidas conforme a las que la muerte y la incapacidad no implican la paralización del proceso contractual o las que sostienen que se trata de situaciones que deben resolverse de conformidad con las normas de derecho internacional privado hasta las que admiten modulaciones dentro de esta última postura.

Para solucionar estos supuestos deben tenerse en cuenta varios hechos. Si se atiende al proceso histórico-legislativo de la regla relativa a la muerte e incapacidad, se deduce que la no continuación del principio establecido en el artículo 11 de la LUF tiene su causa directa en la introducción en las sucesivas propuestas mencionadas no sólo de la regla contraria -tentativa que no tuvo éxito- sino también de un factor que "vicia" el supuesto de hecho que se pretende regular: la quiebra del oferente o del aceptante. El artículo 11 del texto de la Haya regula única y exclusivamente los supuestos de muerte e incapacidad, pero no los de quiebra que son supuestos muy problemáticos en el derecho comparado y que reciben soluciones radicalmente diferentes y dependientes en la mayoría de las ocasiones del método de política legislativa que se emplee. De aquí se deduce el grave escollo que suponía la introducción de ese factor que desequilibra el supuesto de hecho de la norma.

Por otro lado, del silencio del artículo 17 CNUCCIM, que regula la extinción de la oferta por el rechazo del destinatario, no puede deducirse [56] que se pretendía acoger el principio establecido en el artículo 11 de la LUF -la muerte y la incapacidad del oferente o del destinatario antes de la aceptación no frustran la formación del contrato- porque es un hecho que los redactores abandonaron la continuación de esa regla en los sucesivos proyectos y, además, porque la Convención se ha ocupado de regular expresamente otras situaciones que ponen fin a la declaración de voluntad del oferente en otros preceptos de la Convención (como las situaciones de contraoferta reguladas en el artículo 19 y la aceptación fuera del plazo del artículo 18.2), lo que nos lleva a pensar que los redactores tuvieron la opción de reglamentar el fallecimiento y la incapacidad de cualquiera de los contratantes -bien en el mismo artículo 17, bien en otro independiente, a semejanza del artículo 11 LUF- pero no escogieron esa opción legislativa.

Del silencio de la Convención lo único que puede deducirse, pues, es la falta de regulación de esos supuestos, lo que no significa ni la frustración del proceso formativo ni la continuidad del mismo en el caso de concurrencia de la muerte o de la incapacidad del oferente o del destinatario de la oferta con independencia de las razones que tuviesen los redactores para no incluir una norma al efecto.

Nos enfrentamos, como se deduce fácilmente, ante una laguna del texto uniforme. Se ha de decidir si el fallecimiento y la pérdida de capacidad son materias que se rigen por la Convención pero que no están expresamente resueltas en ella, en cuyo caso la solución debe prioritariamente buscarse de conformidad con los principios generales inmanentes al texto uniforme (art.7.2 CNUCCIM). En consonancia con lo establecido en el apartado anterior, "materias que se rigen por la Convención" son aquellas que en esencia se regulan por alguna disposición de la misma, por lo que debemos concluir que, tras el examen de la evolución legislativa sufrida por la materia en cuestión junto a la circunstancia que no existe ninguna norma en la Convención que se refiera directamente a la muerte o la incapacidad, estas hipótesis deben dirimirse de conformidad con la normativa que resulte aplicable según las reglas de derecho internacional privado [57].

Esto no significa que en las escasas hipótesis en que se plantee la subsistencia de las declaraciones de voluntad -oferta y aceptación- sea necesario acudir en todo caso al derecho que resulte aplicable, debido a que la continuidad de la oferta o de la declaración de aceptación podrá salvarse en alguna hipótesis. Particularmente cuando la oferta se caracterice como irrevocable porque el sentido mismo de la irrevocabilidad lleva a ese efecto. Que la oferta tenga ese condición significa la vinculatoriedad del oferente a su propuesta durante todo el tiempo de vigencia de la misma, bien dentro del plazo fijado, bien dentro de un plazo razonable a contar desde la efectividad de la oferta hasta la aceptación o, en su caso, caducidad de la propuesta. De donde resulta que si el oferente durante todo ese tiempo queda vinculado a su oferta no pudiendo revocarla tampoco deberá entenderse caducada si el oferente muere antes de la aceptación. Es más, puede sostenerse que la oferta irrevocable crea una serie de expectativas e intereses en el destinatario de esa declaración que no se destruyen por la muerte o incapacidad sino que, salvo disposición contractual en contrario, pasan a los sucesores en la empresa o establecimiento comercial.

Esta consideración resulta claramente de la naturaleza jurídica de la oferta en el texto uniforme, de la que estimamos, a pesar de la dificultad que podría plantear la siguiente afirmación, se deriva otro rasgo inconfundible: la naturaleza en la mayoría de los casos no personal de la oferta. Esto es, no se trata de ofertas intuitus personae [58] que en todos los sistemas jurídicos, casi sin excepción, pierden su vigencia por la muerte o incapacidad de la persona que ha de realizar la prestación porque se entiende que la persona del oferente no pueda ser sustituida por otra, al no serle indiferente al aceptante quien cumpla la obligación derivada del contrato de compraventa; sino que por tratarse de transacciones que envuelven a dos empresas la muerte o incapacidad de alguno de los responsables de la misma no conlleva, prácticamente en ningún caso, la paralización de la actividad comercial o empresarial al menos inmediatamente. Esto se ve confirmado por el hecho de que al poder ser tanto el oferente como el destinatario de la oferta una persona jurídica, una empresa o establecimiento comercial -lógicamente personalizada en el gerente o director de la misma- carecería de toda justificación la pérdida de vigencia de las declaraciones de voluntad por el hecho de la muerte o incapacidad de la persona que está al cargo de ellas.

El interés en la transacción, en el caso que pueda separarse de la persona del oferente, se incorpora, pues, a la organización empresarial que se concibe como una organización con ánimo de perdurar en el tiempo. Por eso, el sucesor en la dirección de la empresa, no necesariamente el descendiente del empresario, debe hacerse cargo de la oferta que en vida realizó el difunto o incapaz en el ejercicio de sus funciones sin que pueda alegarse el desconocimiento de la propuesta, ya que una organización empresarial se lleva de tal modo que el conocimiento de una transacción en curso puede fácilmente advertirse por la existencia de notas, borradores, copias de las cartas y comunicaciones remitidas; o por el conocimiento por los trabajadores, auxiliares o dependientes del empresario principal. Precisamente por esta facilidad para conocer la presencia de una oferta, los sucesores pueden decidirse a continuar o acabar con la misma, siempre que esto resulte ya factible.

Por último, y por lo que respecta a los supuestos de quiebra de cualquiera de los contratantes, existe unanimidad total en señalar la exclusión de estos supuestos del articulado de la Convención, dejando en consecuencia su regulación al Derecho nacional que resulte de aplicación (art.7.2 CNUCCIM) [59].

CONCLUSION

En la redacción de este trabajo se ha pretendido demostrar como el mecanismo típico de engranaje y fabricación de reglas comunes a diferentes países pasa necesariamente por la búsqueda de una solución de compromiso. Compromiso que demuestra en muchas ocasiones las dificultades por alcanzar un hondo consenso en el significado de una regla jurídica, lo que es reflejado por las diferencias legales, de conceptos y de tradiciones jurídicas propias de los diversos sistemas legales. El proceso de unificación de algunos aspectos del derecho de venta que se ha querido mostrar en las líneas precedentes se ha enfocado casi exclusivamente en la confrontación entre los sistemas legales dominantes (civil law v. common law), pero los obstáculos que tuvieron que superarse para conseguir la unificación del derecho de compraventa revelan una serie de compromisos logrados para satisfacer divesos tipos de confrontaciones: Norte-Sur, es decir, países desarrollados versus países en vías de desarrollo; Este-Oeste o naciones capitalistas versus naciones de marcado cariz socialista; y, por último, el compromiso que gira en torno a los intereses de los compradores y vendedores.

El compromiso alcanzado por los redactores del texto uniforme debe jugar su papel propio y específico en el marco de internacionalidad y uniformidad donde está llamado a desplegar sus efectos jurídicos el tráfico transfronterizo de mercancías. Intentar una interpretación de cualquiera de las disposiciones de la Convención desvinculada del proceso de negociación simplificaría demasiado los problemas inherentes a cada una de las reglas, además de proporcionar una visión inexacta que se apartaría del correcto entendimiento que debe dársele a la norma.

Se ha pretendido, además, demostrar el rol práctico que son capaces de desplegar los principios de internacionalidad, uniformidad, buena fe, así como el resto de los principios extraibles a lo largo del articulado vienés en otras disposiciones de la Convención. Especialmente al hilo de la irrevocabilidad de la oferta, así como de la naturaleza típica de la proposición de contratar en el texto uniforme se ha extraído un principio general de interpretación aplicable a una materia (la muerte o la incapacidad del oferente o del destinatario tras la emisión de la oferta) sobre la que la Convención no se pronuncia y que no se configura técnicamente como una laguna del texto uniforme, llegando a la conclusión que una vez que la proposición de contratar sale de la esfera de control de su creador, esto es, se emite, no caduca ni por la muerte ni por la incapacidad de su autor.


Pace Law School Institute of International Commercial Law - February 1997
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