Mª del Pilar Perales Viscasillas

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extracto de

El CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL
DE MERCANCIAS (Convención de Viena de 1980)

Mª del Pilar Perales Viscasillas
Profesora Titular de Derecho Mercantil
Universidad Carlos III de Madrid

[...]

CAPITULO VII. DERECHOS Y ACCIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (II); TRANSMISION DEL RIESGO

180. Exoneración (artículos 79 y 80)

En el capítulo anterior se han examinado los límites a los que se somete la acción que tiene por objeto solicitar la indemnización de los daños y perjuicios. Aparte del límite que representa el artículo 77 CNUCCIM en cuanto a la acción de indemnización por daños y perjuicios, existe el establecido en el artículo 79 CNUCCIM. De conformidad con este precepto, la parte que ha incumplido cualquiera de sus obligaciones queda exonerada de responsabilidad por los daños y perjuicios si prueba que esa falta se debe a un impedimento ajeno a su voluntad y si no cabía razonablemente esperar que tuviese en cuenta el impedimento en el momento de la celebración del contrato, que lo evitase o superase o que evitase o superase sus consecuencias. No queda del todo claro qué debe entenderse por impedimento ajeno a su voluntad, ya que si bien los supuestos clásicos de fuerza mayor [1] (desastres naturales) es claro que quedan incluidos bajo la órbita de la disposición (que en este sentido es menos estricta que los requisitos que se exigen en los sistemas del civil law), no puede decirse lo mismo respecto de otro tipo de impedimentos, como devaluaciones monetarias, u otros, que hacen que el cumplimiento del contrato sea excesivamente gravoso (excesiva onerosidad o hardship,[2] que requieren también que se trate de un acontecimiento imprevisible, con lo que se dificulta la distinción). Claramente el artículo 79 CNUCCIM se refiere a los primeros. En cuanto a los segundos parece que se habrá de estar a cada caso concreto y examinar si se cumplen las circunstancias que damanda el artículo 79 CNUCCIM. En particular que se trate de un impedimento imprevisible ajeno a la voluntad de la parte que incumple. No obstante nótese que los efectos que se establecen cuando concurre alguna circunstancia que da derecho a la exoneración del cumplimiento es la suspensión en la ejecución de la obligación, lo que se relaciona más con circunstancias que impiden la continuación de la ejecución, que con supuestos en los que se busca una modificación o terminación del contrato, los cuales se relacionan más frecuentemente con la excesiva onerosidad.

La tensión se produce claramente entre el principio pacta sunt servanda (lo pactado debe cumplirse) y la imposibilidad que aqueja a una de las partes de cara al cumplimiento de sus obligaciones. La Convención resuelve la tensión en favor de la exoneración de responsabilidad, si bien para que pueda operar se han de cumplir determinadas circunstancias:

- Ha de tratarse de un impedimento ajeno al control de la parte incumplidora, quien podrá ser el comprador o el vendedor o un tercero al que se haya encargado la ejecución total o parcial del contrato. No si se trata de proveedores de materias primas para el vendedor.[3] Así por caso, una huelga general que no ha podido ser prevista,[4] pero no la destrucción de la cosecha vendida cuando resulta previsible la explosión del volcán cercano (porque así se indicó por las autoridades con suficiente antelación) o el incendio en el almacén del vendedor debido a su falta en revisar las condiciones de seguridad mínimas, puesto que ello no puede considerarse como ajeno a su voluntad o utilizando la expresión del texto inglés, que nos parece más expresiva, como ajeno a su control. Qué deba entenderse como impedimentos que quedan en el control de las partes es una cuestión abierta, no obstante parece claro que quedará incluido todo aquello que se refiere a la organización o producción de las partes y que forma parte de las obligaciones mínimas de cuidado y diligencia que un empresario debe guardar en relación con su negocio. Asimismo y en relación con el propio contrato, queda dentro del control de las partes todo aquello que se deriva de sus obligaciones legales y/o contractuales, de tal forma que si el comprador se obliga al pago del precio, deberá cumplir con todos los requisitos necesarios para que el mismo sea posible (por ejemplo, la financiación). Así por caso se ha entendido que cae dentro del control del vendedor sus problemas financieros -y los de sus suministradores, aun cuando estén conectados a un acto de la autoridad pública-.[5]

El impedimento afectará al cumplimiento de las obligaciones de las partes, por ejemplo, al vendedor le puede suponer un retraso en la entrega de las mercancías o al comprador un retraso en el pago del precio. Algunos autores entienden que no entrarían dentro del artículo 79 impedimentos relativos a la falta de conformidad de las mercancías; no obstante, el lenguaje de la Convención nos lleva a esa interpretación.[6] A los efectos de la aplicación del artículo 79 es irrelevante que el impedimento existiese con anterioridad a la perfección del contrato o con posterioridad,[7] siempre que se cumplan las demás condiciones que el art.79 demanda.

- Ha de tratarse de un impedimento imprevisible, inevitable e insuperable,[8] esto es, que no cabía esperar que el comprador (y el tercero, en su caso) o el vendedor (y el tercero, en su caso) razonablemente tuviese en cuenta el impedimento en el momento de la celebración del contrato, que lo evitase o superase o que evitase o superase sus consecuencias.[9] La carga de la prueba recae, pues, sobre quien alegue la imposibilidad de cumplir. Y ciertamente la prueba de esos tres elementos parece ciertamente dificultosa, ya que existen acontecimientos que, si bien inusuales, son en cierta medida previsibles y entran en la mente de todos (por ejemplo, una guerra o una huelga, pero no, por ejemplo, una invasión extraterrestre o la caída de un meteorito que destroza la fábrica del vendedor). La inevitabilidad impone, pues, una cierta obligación de diligencia y cuidado. La insuperabilidad, por último, significa que la parte aquejada de incumplimiento ha de hacer lo posible por cumplir, lo que ciertamente va a ser menos problemático en el caso de mercancías genéricas que en los casos de mercancías únicas o cuya reemplazabilidad resulta muy difícil. Así por caso si el comprador ha encargado mercancías de calidad A, las cuales no pueden ser suministradas por el vendedor debido a algún impedimento ajeno a su voluntad, pero sabe, por sus relaciones anteriores con el comprador, que también le valen mercancías de calidad A+, habrá de enviarle dichas mercancías. Si el comprador, por ejemplo, no paga el precio porque el banco encargado de la operación de financiación cierra debido a una situación de quiebra, el comprador podrá pagar por otro medio, por ejemplo, mediante transferencia bancaria.[10]

- Ha de existir una relación causal entre la falta de cumplimiento y el impedimento.

- La parte aquejada de la imposibilidad de cumplir ha de comunicar a la otra parte el impedimento y sus efectos sobre su capacidad para cumplirlas.[11] Notificación que se excepciona de la regla general del artículo 27 CNUCCIM y que, en consecuencia, requiere para su efectividad que sea recibida por el destinatario.

Los efectos de la exoneración sobre el contrato son:

- Que la exoneración de responsabilidad dura el tiempo que subsiste el impedimento, lo que ciertamente supone un alejamiento del efecto clásico en los ordenamientos nacionales no uniformes: la terminación de la relación contractual. Que la exoneración dure únicamente el tiempo del impedimento, significa que una vez que deja de existir, la parte aquejada del incumplimiento ha de tomar todos los pasos necesarios para cumplir el contrato. Aquí, desde luego, se presenta un problema en relación con aquellas hipótesis en que se produce un cambio radical en las circunstancias debido a la duración del impedimento, al no quedar claro si están o no reguladas por el artículo 79.[12]

- Que la exoneración de responsabilidad sólo lo es en relación con los daños y perjuicios, pero no en relación a cualesquiera otras acciones que se puedan demandar por incumplimiento (reducción del precio, intereses o cumplimiento específico, por ejemplo). En este caso, se habrá de cumplir con los requisitos que cada una de esas acciones demandan examinados al tiempo en que se solicitan (por lo que si el retraso se convierte en esencial, cabra resolver el contrato), y además se habrá de tener en cuenta la posibilidad de su solicitud, por ejemplo no será viable acudir al cumplimiento específico si se trata de una venta de un objeto único y éste desaparece. En principio, una lectura del artículo 79.1 CNUCCIM lleva a la conclusión de que se libera de toda responsabilidad a la parte exonerada de cumplir. No obstante, una lectura más atenta y, en particular, conectada al párrafo 5º de la misma disposición, lleva a la inevitable conclusión de que la exoneración lo es únicamente respecto de la responsabilidad por los daños y perjuicios. Como excepción indicar que existirá la acción de indemnización por daños y perjuicios -limitados sólo a la falta de recepción de la comunicación- si la parte aquejada de la imposibilidad de cumplir no envía la comunicación informando de dicha posibilidad o si la envía pero se recibe pasado un plazo razonable después de que la parte que no haya cumplido tuviera o debiera haber tenido conocimiento del impedimento.

Es interesante destacar que parte de la doctrina distingue entre los casos en que se produce un incumplimiento total y definitivo (por ejemplo una mercancía única) de aquellos otros en que se produce uno parcial o tardío. Los primeros exonerarían totalmente de responsabilidad, los segundos sólo de la indemnización de los daños y perjuicios, pero no impedirían el recurso a otro tipo de acciones por incumplimiento.[13]

Es importante resaltar que frecuentemente se incluye una cláusula en los contratos internacionales relativa a los impedimentos que se configuran como fuerza mayor. Este listado -en el que se entremezclan situaciones de fuerza mayor y de excesiva onerosidad- [14] va a suponer una concreción de la cláusula general del artículo 79 CNUCCIM (impedimento ajeno a su voluntad).[15] Además generalmente las cláusulas suelen ser comprensivas, en el sentido que indican las obligaciones de las partes y los efectos que la determinada situación constitutiva de fuerza mayor van a producir en el contrato.

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CAPITULO VII FOOTNOTES

1. Force majeure, en la expresión universalmente utilizada en francés. Concepto familiar para los juristas del civil law, que tiene sus orígenes en el concepto del derecho romano de vis major, esto es, un evento irresistible, impresible e inevitable que está fuera del control del obligado y que hace imposible la ejecución de la prestación. Concepto que es poco familiar para los juristas del common law que utilizan, aunque llegando prácticamente al mismo resultado otras teorías, como la de la imposibilidad (impossibility), frustración del propósito (frustration of purpose) e impracticabilidad (impracticability). Vid. Ugo DRAETTA, "Force Majeure Clauses in International Trade Practice". International Bussiness Law Journal, 1996, nº5, p.548.

Precisamente uno de los riesgos mayores que se aprecian en la interpretación y aplicación del artículo 79 CNUCCIM por parte de los jueces es el de que tiendan a interpretar esa disposición a la luz de las teorías que conocen. Nótese que a efectos de una mayor claridad hemos titulado el epígrafe como fuerza mayor, si bien debe quedar claro que la Convención no acoge en el artículo 79 ningún concepto propio ni de los sistemas del civil law ni de los del common law; por ello uno no se debe dejar llevar por la impresión de que cualquier supuesto de fuerza mayor (en el sentido del civil law) va a producir automáticamente la exoneración prevista por el artículo 79. En definitiva, el concepto de exoneración bajo el artículo 79 es un concepto propio de la Convención, y como tal han de evitarse lecturas del precepto al amparo de un ordenamiento doméstico. Vid. más ampliamente ENDERLEIN y MASKOW, p.320; HONNOLD, nº429, pp.537-538; LOOKOSFKY, Consequental Damages, pp.271 y ss; y TALLON, en Bianca y Bonell, §3.2-3, pp.594-595; especialmente resulta útil la comparación de los diversos enfoques adoptados por estos autores. Con todo el ICC Model International Sale Contract (Manufactured Goods Intended for Resale), final Draft 17 March 1997. ICC Doc. nº470-9/16, acoge una disposición muy parecida al art.79 CNUCCIM bajo el título de fuerza mayor (art.13 Force majeure).

2. El Tribunal Civil de Monza, 14 enero 1993 (Italia) (PACE) (UNILEX) ha indicado incidentalmente, que ni el artículo 79 ni ningún otro de la Convención contemplan la figura de la excesiva onerosidad sobrevenida. El comprador se negó a pagar el precio, ya que éste entre la fecha de conclusión del contrato y la fecha prevista para la entrega había aumentado en más de un 30%.

Por contra parte de la doctrina se muestra favorable a incluir en el ámbito del artículo 79 los supuestos de excesiva onerosidad: DRAETTA, Force Majeure, p.555; HONNOLD, nº432.2, pp.543-544; y SCHLECHTRIEM, Uniform Sales Law, p.102. Y ello pese a que se rechazó una propuesta de artículo relativa a la excesiva onerosidad (HONNOLD, Documentary History, p.350).

3. Cfr. Comentario de la Secretaría, §12. Así también ICC 8128/1995 (PACE) (UNILEX).

Vid. extensamente en relación con los terceros ENDERLEIN y MASKOW, pp.326-330.

4. No queda tan claro en la doctrina vienesa si se puede considerar como impedimento las huelgas provocadas en la propia empresa compradora o vendedora, o los cierres patronales. Parece que habrá que examinarse caso por caso. Vid. la exposición de la doctrina en ENDERLEIN y MASKOW, p.323, y FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA y CALVO CARAVACA, El contrato de compraventa, §241, p.329, quienes resumen la misma: "Caso límite es el de la huelga: en virtud de la teoría de las esferas, una huelga general sí le eximiría de responsabilidad, una huelga de empresa no lo haría, como tampoco le eximiría -según la doctrina dominante- una huelga exclusivamente sectorial: deberá atenderse a las causas y extensión de la huelga así como a las leyes laborales vigentes en ese país".

5. Schiedsgericht des HandelsKammer Hamburg, 21 marzo 1996 (PACE) (UNILEX).

6. El artículo 79 claramente indica "cualquiera" de sus obligaciones, por lo que ha de entenderse que cualquier incumplimiento de las obligaciones, legales y contractuales, puede dar lugar a exoneración. Así también, LOOKOFSKY, p.85; SCHLECHTRIEM, Uniform Sales Law, p.101; ENDERLEIN y MASKOW, p.320.

En contra: HONNOLD, nº427, pp.534-537, basándose en la historia legislativa y, en particular, en el cambio de redacción experimentado por la sustitución de la expresión "circunstancias" por "impedimento".