Mª del Pilar Perales Viscasillas

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extracto de

El CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL
DE MERCANCIAS (Convención de Viena de 1980)

Mª del Pilar Perales Viscasillas
Profesora Titular de Derecho Mercantil
Universidad Carlos III de Madrid

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CAPITULO VI. DERECHOS Y ACCIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (I)

174. Indemnización de los daños y perjuicios

Las disposiciones sobre indemnización de daños y perjuicios en la Convención de Viena (artículos 74 a 77) son comunes tanto para compradores como vendedores, ocupando una posición central dentro del esquema general de los derechos y acciones en los casos de incumplimiento contractual. En principio, nada se opone en la Convención a que las partes pacten una cláusula penal que se añada a la indemnización de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento. Así por caso, se puede pactar que la parte perjudicada por el incumplimiento tendrá derecho a una compensación monetaria -por ejemplo, que tendrá derecho a que se le resarza el 10% del precio del contrato o cualquier otra suma especificada-. El problema se presenta cuando esta cláusula penal es abusiva y la parte que niega su aplicación pretende una reducción de la indemnización de los daños y perjuicios;[57] caso en el que cabría la aplicación del principio de la razonabilidad.

a) Regla general: indemnización de los daños y perjuicios: artículo 74

El artículo 74 CNUCCIM establece la regla general en esta materia: "La indemnización de daños y perjuicios por el incumplimiento del contrato en que haya incurrido una de las partes comprenderá el valor de la pérdida sufrida y el de la ganancia dejada de obtener por la otra parte como consecuencia del incumplimiento. Esa indemnización no podrá exceder de la pérdida que la parte que haya incurrido en incumplimiento hubiera previsto o debiera haber previsto en el momento de la celebración del contrato, tomando en consideración los hechos de que tuvo o debió haber tenido conocimiento en ese momento, como consecuencia posible del incumplimiento del contrato".

Se trata de una regla que establece una responsabilidad objetiva y no subjetiva, por lo que no se basa en la culpa o en la negligencia de la parte incumplidora como base para solicitar la indemnización.[58] Y ello nótese que es importante en relación con aquellos ordenamientos que requieren para que se pueda solicitar dicha indemnización que la parte incumplidora haya además incurrido en culpa o negligencia.[59] Bajo las normas de la Convención, la indemnización no depende, sin embargo, de dicha culpa. El mero incumplimiento de cualquiera de las partes faculta a la otra para solicitar la indemnización de los daños y perjuicios, como así se reconoce en determinados sistemas jurídicos de la órbita del common law (UCC).

a´) Ámbito de aplicación del artículo 74 CNUCCIM. El artículo 74 establece la regla general en cuanto al cómputo de los daños, aplicándose, por tanto, en cualquier situación de incumplimiento (falta de conformidad, falta o retraso en la entrega, impago del precio, y falta de recepción) y, en particular, cuando el contrato no se ha declarado resuelto o cuando habiéndose declarado resuelto, la indemnización que se obtiene conforme a los artículos 75 o 76 CNUCCIM no es suficiente para compensar a la parte dañada, es decir, cuando se busca la indemnización de daños adicionales.[60]

b´) Cómputo de los daños. El artículo 74 declara que la indemnización por los daños y perjuicios por incumplimiento del contrato consiste en el valor [61] de la pérdida sufrida y el de la ganancia dejada de obtener por la otra parte como consecuencia del incumplimiento, con el límite representado por la noción de la previsibilidad (foreseability), esto es, la indemnización no podrá exceder de lo que hubiera previsto o debiera haber previsto la parte incumplidora en el momento de la celebración del contrato.[62]

De cara a solicitar la indemnización de los daños y perjuicios como consecuencia del incumplimiento será necesario que exista alguna relación de causalidad entre el incumplimiento y la pérdida, así como que se prueben los daños, lo que supone que la parte que tiene la carga de probar ambas circunstancias es la que reclama los daños.[63] Por el contrario, la parte incumplidora tendrá la carga de la prueba para que opere el límite de la previsibilidad a la indemnización de los daños y perjuicios.[64] Como se examinará más adelante, además del límite de la previsibilidad, está el que deriva de las disposiciones relativas a la exoneración (art.79 y 80).[65]

La razón de ser de la acción por daños y perjuicios es la de situar a la parte cumplidora en la misma posición que ostentaría de haberse cumplido el contrato.[66] Se entiende que de esta disposición se deriva, precisamente, un principio general, el de la compensación plena (full compensation),[67] lo que incluye la pérdida efectivamente sufrida (daño emergente), así como la ganancia dejada de obtener como consecuencia del incumplimiento (lucro cesante o lucrum cessans). Este último se concreta generalmente en la pérdida de los negocios con terceros;[68] ha de tratarse de la pérdida que la parte dañada ha sufrido de hecho o que podría esperar.[69] Esta referencia al lucro cesante podría parecer innecesaria; no obstante se introdujo porque en algunos sistemas jurídicos el concepto de "pérdida" en sí no incluye ese lucro.[70]

Debido a que el artículo 74 CNUCCIM se aplica tanto a las reclamaciones de vendedores como de compradores, la fórmula establecida para el cómputo de los daños y perjuicios lo es de forma general, de tal manera que queda a la discreción de los jueces y de los tribunales la valoración dependiendo de las circunstancias de cada caso.[71]

Los daños no pueden exceder de la pérdida que la parte que haya incurrido en incumplimiento hubiera previsto o debiera haber previsto en el momento de la celebración del contrato.[72] Se trata como se deduce fácilmente de dos estándares distintos. Uno se centra en el punto de visto subjetivo de la parte incumplidora (lo que hubiera previsto), mientras que el otro, muy probablemente el que predominará en caso disputa, se fija en lo que debiera haber previsto (estándar objetivo). Precisamente como este límite de la previsibilidad opera en el sentido de limitar la cantidad de dinero [73] en concepto de indemnización de los daños y perjuicios, es muy probable que las partes ostenten puntos de vista contradictorios acerca de que se habrán de entender por pérdida previsible. La Convención ayuda a determinar ambos estándares al indicar que se habrán de tomar en consideración los hechos que la parte incumplidora tuvo o debió haber tenido conocimiento en el momento de la celebración del contrato, como consecuencia posible del incumplimiento del contrato.[74]

Puesto que estamos en presencia de compraventas internacionales en las que la reventa de los productos se producirá en la mayor parte de las ocasiones, es fácil imaginar que dentro de la previsibilidad a la que se refiere el artículo 74 CNUCCIM se incluye el coste de la compra o venta de reemplazo, y los costes adicionales de embalaje, almacenamiento, seguro o transporte, la pérdida de la clientela,[75] y los costes de las reparaciones.[76] En el caso de que el comprador se retrase en el pago del precio, y se experimente una bajada del tipo de cambio, creemos que podría solicitarse el daño que resulta de la diferencia de valoración.[77] .[78]

c´) Daños incluidos. En el concepto de daños recogido en el artículo 74 CNUCCIM se acoge el daño actual o daño efectivamente sufrido y el lucro cesante o ganancia dejada de obtener. Parece asimismo que pueden entrar dentro del ámbito de aplicación otros tipos de daños siempre que cumplan con el test de la previsibilidad del artículo 74 CNUCCIM y, en particular, que puedan configurarse como consecuencia posible del incumplimiento del contrato. En otros términos, los daños directos y los indirectos pueden ser reclamados.[79] Así por caso, el daño moral (pérdida de reputación, por ejemplo), sea o no éste causado por una actitud fraudulenta o engañosa.[80] No parece que queden incluidos los daños punitivos (punitive damages),[81] esto es, los que derivan de una actitud maliciosa, fraudulenta o engañosa y que tienden a penalizar a la parte causante de los daños.

Delchi v. Roterex [82] puede caracterizarse como uno de los casos más importantes resueltos por ahora en aplicación de las disposiciones sobre indemnización de daños y perjuicios en la Convención de Viena. Se trata de un litigio enjuiciado por los tribunales estadounidenses, lo que tiene todavía más importancia porque el remedio primordial que buscan compradores y vendedores en ese país ante el incumplimiento contractual de su contraparte es, precisamente, la indemnización de los daños y perjuicios (damages). El tribunal realiza un análisis de los daños a los que la parte compradora italiana (Delchi) tiene derecho como consecuencia del incumplimiento contractual de la vendedora estadounidense (Rotorex). El litigio se debe a una falta de conformidad que se caracteriza como incumplimiento esencial (art.25 CNUCCIM), ya que Rotorex envió compresores para su instalación en unidades de aire acondicionado de la línea de productos "Ariele" que no se correspondían con la muestra y las especificaciones escritas enviadas por el vendedor (menos capacidad para enfriar y más consumo de potencia).

El tribunal concedió en 1994 a Delchi más de un millón de dolares (1.248.331.87+intereses) en concepto de daños y perjucios:

a) daños que pueden considerarse como derivados del incumplimiento contractual (consequential damages), donde el tribunal incluyo:

- los gastos realizados por Delchi en su intento fallido de subsanar la falta de conformidad de las mercancías, ya que eran previsibles;

- los gastos de un transporte urgente de compresores "Sanyo", en concepto de mitigación de sus propios daños; el tribunal no consideró, sin embargo, que era una compra de reemplazo, ya que dichos compresores habían sido solicitados con anterioridad a la celebración del contrato con Rotorex. El tribunal sí estimó que era comercialmente razonable y previsible que para mitigar sus daños Delchi ordenase el envío urgente de dichos compresores (la valoración se realizó descontando de los gastos del transporte por avión, los gastos de un transporte por barco);

- los gastos de transporte y almacenamiento de los compresores defectuosos [83]

- la ganancia dejada de obtener como consecuencia del incumplimiento: lo que concretó el tribunal en las pérdidas de otros contratos ya celebrados con afiliados en toda Europa, en la medida en que dichas pérdidas habían quedado suficientemente probadas. Por ello no concedió las pérdidas de ciertas ventas en Italia, que se reclamaban sobre la base del testimonio proporcionado por algunos agentes italianos que indicaron que hubiesen pedido más mercancías de haber habido más disponibles.

b) costes de producción: no concedió el tribunal determinados costes fijos que se solicitaban por Delichi, ya que los mismos ya se habían incluido en la reclamación del lucro cesante.

c) intereses, que se concretaron en el tipo de interés para pagarés del tesoro estadounidense.

d) conversión en dólares: lo que se fijó al tipo de cambio con fecha 20 de abril de 1988 (fecha del incumplimiento).[84]

El tribunal en apelación (1995) afirmó prácticamente todos los puntos anteriores con las siguientes excepciones:

- en razón a que podían considerarse como daños previsibles, el tribunal concedió a Delchi los gastos de transporte, aduanas y demás gastos relativos al primer y al segundo envío de compresores defectuosos realizado por Rotorex, así como los gastos por determinados materiales que únicamente servían para los compresores de Rotorex.

- en razón a que no se habían esclarecido suficientemente los hechos, se reenvía la cuestión al tribunal inferior para que determine los costes laborales por cuatro días de trabajo perdidos por Delchi al carecer de compresores para su instalación en las unidades de aire acondicionado. Esto es, estos daños entrarían dentro de una categoría amplia, como es la pérdida sufrida como consecuencia de la interrupción de la producción por causa del incumplimiento [85]

En relación con el interés negativo, parece que también queda incluido.[86]

En el concepto de daños quedan incluidos los causados por las mercancías en los bienes del comprador (o de terceras personas, esto es, los subsiguientes compradores de las mercancías, teniendo en cuenta que la indemnización de los daños y perjuicios bajo la Convención funciona en una relación bilateral, esto es, entre el comprador y el vendedor), pero no los causados a una persona -muerte o lesiones corporales- (artículo 5 CNUCCIM).[87]

La prueba de los daños es una cuestión que el abogado habrá de tomar muy en cuenta a la hora de presentar su demanda, lo que habrá de calibrar en función de los requisitos procedimentales del foro ante el cual presente el asunto.[88]

d´) Momento (inicial y final) y lugar para la realización de la valoración. El artículo 74 guarda silencio acerca del momento y el lugar que se han de tomar en consideración por el juez o el árbitro a la hora de determinar la indemnización de los daños y perjuicios.

En relación con el momento, si bien parece claro que los daños se computan al menos con posterioridad al incumplimiento,[89] no puede decirse lo mismo en relación con el momento final; así por caso, el inicio del proceso o el final del proceso.

En relación con el lugar, puede establecerse que existe una corriente doctrinal y jurisprudencial bastante unánime en el sentido de entender que se trata del lugar donde radique el establecimiento del acreedor y ello por virtud de la aplicación de un principio general que se extrae del artículo 57.1 a) CNUCCIM.[90]

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CAPITULO VI FOOTNOTES

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57. Precisamente en un caso resuelto por los tribunales holandeses se ha entendido que no existe ninguna disposición en la Convención de Viena que prevea una base para reducir una cláusula penal. El comprador solicitaba la reducción de la cantidad a pagar impuesta en una cláusula penal (cláusula que el tribunal de primera instancia le mandó satisfacer: Ab Arnhem, 30 diciembre 1993 (Países Bajos) (PACE) (UNILEX)); petición que basó en los artículos 7, 8 y 77 CNUCCIM.

La validez de los convenios modificativos de responsabilidad y, en particular, de las indemnizaciones pactadas, se entienden que quedan al control del derecho nacional no uniforme. Por todos: FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA y CALVO CARAVACA, El contrato de compraventa internacional, §243, p.331.

58. De acuerdo la totalidad de la doctrina, por todos: ENDERLEIN y MASKOW, p.298.

59. Se ha indicado en particular que no es necesario invocar culpa (fault) de alguna de las partes para reclamar la indemnización de los daños y perjuicios bajo los artículos 74 a 77 CNUCCIM: Handelsgericht Zürich, 26 abril 1995 (Suiza) (PACE) (UNILEX).

60. Comentario de la Secretaría, §2.

61. El texto oficial en inglés utiliza la expresión "sum" (suma), es decir, la compensación es monetaria, pero ello no quiere decir que no encuentre cabida dentro del artículo 74 daños que no tengan una traducción monetaria inmediata (daño abstracto, por ejemplo, pérdida de reputación), sino que necesitan de una estimación por parte del tribunal.

62. Regla que deriva del caso Hadley v. Baxendale, 9 Ex. 341, 156 Eng.Rep. 145 (1854), y plasmada en la sección 2-715 UCC; también se conoce en los sistemas del civil law, así en Francia (artículo 1150 CC). Vid. HONNOLD, §407, pp.505-506.

63. Por todos, ENDERLEIN y MASKOW, p.300.

64. ENDERLEIN y MASKOW, p.302. Otra posición es la de KNAPP, en Bianca y Bonell, §2.8, p.541, que indica que la parte que reclama los daños ha de probar que la parte incumplidora estaba en una posición objetiva para preveer los daños (por oposición a que la prueba se refiere a que realmente los preveyo).