II. La COMPROMEX y su Aplicación de la CIM

III. Conclusiones

IV. Algunos Comentarios Finales Sobre La Importancia de Conocer la Convención de las Naciones Unidas Sobre la Compraventa Internacional en Baja California

I. Introducción

Cuando en 1980 se adoptó el texto final de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Compraventa Internacional de Mercaderías (en lo sucesivo la "CIM" o la "Convención"),[2] se aportó a la comunidad internacional un instrumento jurídico uniforme que establece los derechos y obligaciones de las partes en un contrato de compraventa internacional. Para lograr estos propósitos, la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL, por sus siglas en inglés), tuvo que conciliar elementos provenientes del sistema jurídico anglosajón o common law, así como de la tradición jurídica romano-civilista seguida por los países de la Europa continental como por los países latinoamericanos.[3] Se trata de un matrimonio de sistemas jurídicos,[4] con todas las tensiones inherentes a la conjugación de dos sistemas que ni siquiera concuerdan con la definición de lo que es un contrato.[5]

En la actualidad más de cincuenta países han adoptado la CIM como su ley aplicable a los contratos internacionales [6], y aplica en cerca de dos terceras partes de las transacciones de compraventa internacionales, en muchos casos con el desconocimiento de las partes involucradas.[7]

Canadá, los Estados Unidos y México la han ratificado, lo que hace de la Convención de Viena la ley que rige los contratos de compraventa internacionales dentro de la región de libre comercio. También la han ratificado la mayoría de los miembros de la Unión Europea, con la notable excepción de Gran Bretaña y Portugal, e iniciará su vigencia en Israel a partir del año 2001. Rusia y la mayoría de las Repúblicas del otrora bloque socialista son en su mayoría, Estados Parte. En Asia, China, Singapur, Mongolia la han ratificado, así como varios países de América Latina, Argentina, Chile, Cuba y Ecuador son Estados Parte.

Esto significa que cuando una parte mexicana presente una demanda ante un tribunal en México, derivada de una compraventa con una parte domiciliada en una Estado Parte, lo más probable es que dicha disputa se regirá por la CIM, desplazando la aplicación del Código de Comercio Mexicano y del Código Civil de aplicación supletoria para todos aquellos aspectos que estén dentro del ámbito de aplicación de la Convención de Viena, a menos que las partes hubieran hecho una elección del derecho aplicable. Esto obliga a que los abogados y miembros de la judicatura se enteren no solo del contenido de la CIM, sino de su propio método interpretativo, distinto al del derecho doméstico como se comenta a continuación.

El ámbito de su aplicación está previsto en su artículo 4º que establece que "regula exclusivamente la formación del contrato de compraventa y los derechos y obligaciones del vendedor y del comprador dimanantes de ese contrato."

A. El Artículo 7 y El Mandato para una Aplicación Uniforme

Dotar a la comunidad internacional con un documento único como la CIM para utilizarse como la ley sustancial en los contratos de compraventa solo proporciona uniformidad externa: Las reglas no son uniformes porque se utilice un único texto legal para las compraventas internacionales. La prueba de fuego viene en lo que un autor ha llamado la uniformidad interna, es decir la uniformidad interpretativa, que no es otra cosa que el trabajo de la judicatura al interpretar la ley.[8] Frustrado se verá uno de los principios sustanciales de la Convención en la medida en que se incumpla con el mandato previsto en el artículo 7(1) de la CIM que dice:

"[e]n la interpretación de la presente Convención se tendrá en cuenta su carácter internacional y la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación y de asegurar la observancia de la buena fe en el comercio internacional."[9]

Los más destacados autores en esta materia han coincido que el carácter internacional obliga a interpretar la CIM de manera autónoma vis-à-vis el derecho nacional, para lo que incluso es necesario adoptar una metodología distinta que la utilizada para aplicar el derecho doméstico.[10] La única manera de asegurar la uniformidad en su aplicación es tomando en cuenta lo que otros tribunales en otros países han hecho al momento de aplicarla en los casos que les han sido sometidos,[11] así como consultar las opiniones expertas de los tratadistas en la materia para lograr esta uniformidad.[12] En la actualidad, con la disponibilidad de herramientas relativamente accesibles como el Internet, ya es posible acceder a un cúmulo importante de jurisprudencia en esta materia, de manera prácticamente gratuita.[13] Otra fuente importante de jurisprudencia internacional es la contenida en la base de datos UNILEX, disponible en disco compacto.[14]

Con la finalidad de contribuir a esta búsqueda de uniformidad, la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional o UNCITRAL (United Nation´s Commission on International Trade Law), se ha dado a la tarea de recopilar las sentencias de los diferentes países, incluso de organismos de arbitraje utilizando un sistema de delegados nacionales. Los frutos de este trabajo están disponibles en la página de Internet de la UNCITRAL, que a la fecha de la preparación de este trabajo superaban los 200 casos,[15] cantidad que seguramente viene en ascenso. Esta página tiene como su finalidad la de poner a disposición de la comunidad internacional resúmenes de casos en que se han aplicado los instrumentos emanados de la UNCITRAL, principalmente de la Convención en comento, con la finalidad de procurar la uniformidad en su aplicación. Pero UNCITRAL no ha sido la única organización encargada de recopilar información sobre la CIM. Varias instituciones académicas en diferentes lugares del mundo se han dado a esta tarea, ofreciendo a través del Internet artículos, comentarios y traducciones sobre casos resueltos conforme a la Convención.[16]

Este trabajo surge de la siguiente pregunta: ¿cual ha sido el desempeño de los tribunales mexicanos aplicando este tratado internacional? ¿se ha cumplido con el mandato de uniformidad previsto en el artículo 7 de la CIM? La respuesta no es fácil ya que a estas fechas ninguna decisión judicial mexicana aplicando la CIM ha salido a la luz pública. Sin embargo, la Comisión Mexicana para la Protección del Comercio Exterior (COMPROMEX o la Comisión) ha tenido en por lo menos tres ocasiones la oportunidad de aplicar este instrumento, aunque ha sido solo como recomendación.[17] En opinión del que escribe, el trabajo hasta ahora efectuado por la COMPROMEX ha sido deficiente, pero sus dictámenes quizá podrán adelantarnos los tipos de dificultades interpretativas a la que se enfrentarán los juzgadores mexicanos llegado el momento de aplicar la CIM.

B. ¿Que es la COMPROMEX?

La COMPROMEX es un organismo que fue creado mediante la Ley que Crea una Comisión para la Protección del Comercio Exterior de México, publicada en el Diario Oficial del 31 de Diciembre de 1956.[18]

Entre las atribuciones de la COMPROMEX, relevantes para este análisis al menos, se encuentran las de intervenir en las quejas relacionadas con operaciones de comercio internacional en que intervengan importadores o exportadores domiciliados en la República Mexicana y que se presenten por ellos o en su contra.[19]

Puede también emitir dictámenes sobre las quejas, mismas que se publicarán en el Diario Oficial, que se refieren a las operaciones de comercio internacional cuando no haya habido sometimiento expreso de las parte al arbitraje de la Comisión. Cuando hay dicho sometimiento, resolver en arbitraje mediante la emisión de un laudo.[20]

Como lo establece su estatuto, la COMPROMEX puede actuar como árbitro cuando las partes en una controversia así lo establezcan, siempre que una de ellas sea mexicana, pudiendo así emitir un laudo obligatorio para las partes. También puede actuar emitiendo recomendaciones no vinculantes cuando surge una controversia en materia de comercio internacional. Parte de su trabajo también consiste en establecer contacto con las partes y tratar de hacerlas llegar a un acuerdo amistoso, utilizando las representaciones comerciales que tiene el Gobierno de la República en diferentes países del mundo.

La Comisión se encuentra integrada por diez representantes de las siguientes entidades: Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público, de Agricultura y Recursos Hidráulicos, del Banco Nacional de Comercio Exterior, de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, de la Asociación Nacional de Importadores y exportadores de la República.[21]

Los servicios que prestan consisten en la intermediación, queja y arbitraje.

Respecto del procedimiento de queja, de donde resultaron las recomendaciones que se analizan en el presente trabajo, el artículo 14 de su Ley establece que:

" cuando no haya habido sometimiento expreso de las partes al arbitraje y exista queja de alguna de ellas, o cuando sin existir queja la Comisión deba intervenir por tratarse de alguna materia a que se refiere el artículo 2º, se desahogará el procedimiento descrito en los dos artículos anteriores, hasta su término. La Comisión pronunciará un dictamen que deberá inmediatamente ser turnado a la Secretaria de Industria y Comercio (hoy Secretaría de Comercio y Fomento Industrial) a fin de que ésta ordene su publicación en el Diario Oficial de la Federación y considere la conveniencia de adoptar las medidas administrativas que se sugieran en el dictamen indicado".[22]

El procedimiento inicia a instancia de parte interesada, pero no debemos de perder de vista el carácter no vinculante de las recomendaciones, ya que en este supuesto no hay sumisión expresa de las partes a sujetarse a lo dictado. De haberlo, estaríamos ante la figura del arbitraje, misma que goza de reconocimiento legal y aceptación en el contexto internacional.[23]

En ese orden de ideas, el artículo 12 de la Ley establece que las quejas a que se refiere el artículo 2, fracción III de la Ley de la COMPROMEX -- relacionadas a operaciones de comercion internacional -- deberán presentarse por escrito, con una relación detallada de los hechos que las motive". Una vez recibida, la Comisión citará a los interesados cuando residan o tengan representantes en el Distrito Federal a una junta de avenencia en la que se tratará de que se llegue a un arreglo satisfactorio, y en su caso, de que se cumplan las obligaciones contraídas.[24] De no obtenerse una solución en esa junta, se procurará que las partes se sometan al arbitraje ante el Comité Permanente de la COMPROMEX. No obstante que en estos casos, sus resoluciones han sido no vinculantes, es decir, no actuó con imperio, un autor señala que han habido casos en los que la COMPROMEX ha sido señalada como autoridad responsable en el amparo y que existen también antecedentes en la que los jueces de Distrito la han considerado parte con ese carácter y le han pedido la rendición de sus informes.[25]

Sin embargo, el análisis de estas cuestiones y de las demás tareas de la COMPROMEX están fuera del ámbito de este trabajo. Su finalidad es, como se señaló anteriormente, analizar su trabajo aplicando la Convención de las Naciones Unidas sobre la Compraventa Internacional de Mercaderías de 1980.

II. La COMPROMEX y su Aplicación de la CIM

A. El Primer Caso: Morales y/o Son Export, S.A. de C.V. vs. Nez Marketing [26]

1. Los Hechos

En este caso, una empresa domiciliada en el estado de Sonora, vendió a otra ubicada en la Ciudad de Los Ángeles, California, E.U.A. veinticuatro toneladas de ajo morado, por un precio de $20,000.00 dólares de los Estados Unidos. Se acordó que los pagos se harían mediante cuatro cheques por $5,000 dólares cada uno, que serían presentados para su cobro por el vendedor los días 8, 14, 21 y 28 de mayo de 1992. Sin embargo el vendedor no pudo cambiar el primero de los cheques debido a la insuficiencia de fondos, y el resto debido a la cancelación de la cuenta. El vendedor buscó al comprador en la ciudad de Los Ángeles, California, logrando únicamente cobrar la cantidad de $4,300.00 dólares. Posteriormente buscó el apoyo de COMPROMEX.

2. Aplicación de la CIM via 1(1)(a)

COMPROMEX menciona que la CIM es aplicable a este caso en función de que los Estados Unidos y México son países signatarios, haciendo mención de las fechas en que estos países ratificaron la CIM. No hace mención del hecho de que la misma aplica vía directa, a través del artículo 1(1)(a), que establece que aplica cuando se trata de partes domiciliados en Estados contratantes.

3. La Forma Escrita del Contrato (CIM art. 11)

Una característica de los contratos comerciales es la informalidad con la que estos se celebran, principio que la CIM reconoce en su artículo 11 al señalar que el contrato no estará sujeto a ningún requisito para celebrarse y que podrá probarse incluso con testigos. En el considerando tercero de su resolución, COMPROMEX estimó que no era necesario que el contrato revistiera la forma escrita, ya que el artículo 11 de la Convención exime a los contratos de esta obligación. La COMPROMEX señaló que aunque no existió un contrato específico para esta transacción, su existencia podía deducirse de las facturas, y del conocimiento de embarque mostrando el destino final de las mercaderías vendidas. Con esta referencia a que no existió un "contrato específico" parecería que Compromex confunde el acuerdo de las partes con el documento en que las partes pudieron plasmarlo. El hecho de que existieran facturas y un conocimiento de embarque mostrando el destino de las mercaderías vendidas, quizá facilitó acreditar la relación contractual ante la Compromex, pero recordemos que conforme al mismo artículo 11 de la CIM, la existencia del contrato puede probarse incluso con testigos aún sin un soporte documental.

4. El Pago del Precio (CIM art. 62)

Otro artículo invocado por la COMPROMEX, fue el artículo 62, que dice que el vendedor podrá exigir que el comprador pague el precio, que reciba las mercancías o cumpla con las demás obligaciones que le incumban. Quizá éste artículo no presenta mayor dificultad por lo que se refiere a la interpretación pues su redacción es más o menos clara. Lo que vale más subrayar es lo que COMPROMEX omitió. Si el comprador estaba obligado a efectuar el pago, ¿a partir de que momento se volvió éste exigible? La respuesta a esta pregunta es importante,[27] ya que a partir de ese momento se generaría la obligación de pagar los intereses a que tenía derecho el vendedor conforme al artículo 78 de la Convención.[28]

5. Resolutivos

En sus resolutivos, la COMPROMEX recomendó acertadamente el pago del precio, pero fue omisa en sugerir el pago de los intereses vencidos. Pero lo más interesante es la ausencia de referencias al método interpretativo exigido por el artículo 7 para lograr una interpretación uniforme, que como mencionamos anteriormente podría lograrse mediante la consulta a casos análogos de otras jurisdicciones, a los trabajos preparatorios de la CIM, y las opiniones de los tratadistas en la materia.

B. El Segundo Caso: Conservas La Costeña vs Lanin/Santa Adela [29]

1. Los Hechos

Un comprador Mexicano presenta una reclamación ante la COMPROMEX en contra de dos empresas, una ubicada en Argentina y la otra en Chile debido a la falta de conformidad de las mercancías y de los documentos. La compradora mexicana, pretendía abastecerse de latas de cóctel de frutas y de durazno, acudiendo para ello a una empresa argentina. Aparentemente, la empresa argentina subcontrató la mercancía de otra empresa chilena de nombre Agroindustrial Santa Adela. Previo a remitir la orden de compra, la compradora mexicana recibió muestras del producto, mismas que aprobó. Sin embargo, al recibir la mercancía, la compradora mexicana descubrió las siguientes faltas de conformidad: (i) Las cajas y las latas venían dañadas y no venían en la cantidad acordada, (ii) Las etiquetas en las latas no eran del color indicado; (iii) la mercancía provenía de una empresa ubicada en Chile; (iv) las facturas no mostraban la cantidad pagada por las mercancías. Por lo tanto, el problema radicó en la falta de conformidad de las mercancías, así como en la de los documentos.

2. Aplicación de la CIM vía 1(1)(a) y Efectos de una reserva Conforme al Artículo 96

Al momento de ratificar la CIM, Argentina hizo una reserva excluyendo la aplicación del artículo 11, 29 y todo lo referente a la formación del contrato prevista en la II parte de la CIM. El artículo 96 prevé que:

"[e]l Estado Contratante cuya legislación exija que los contratos de compraventa se celebren o se prueben por escrito podrá hacer en cualquier momento una declaración conforme al artículo 12 en el sentido de que cualquier disposición del artículo 11, del artículo 29 o de la Parte II de la presente Convención que permita que la celebración, la modificación o la extinción por mutuo acuerdo del contrato de compraventa, o la oferta, la aceptación o cualquier otra manifestación de intención, se hagan por un procedimiento que no sea por escrito no se aplicará en el caso de que cualquiera de las partes tenga su establecimiento en ese Estado."

Esto significaría que para efectos de determinar la formación del contrato, las reglas que la CIM prevé son inaplicables, debiéndose por lo tanto recurrir a las normas conflictuales del foro, es decir el Código Civil Federal y en particular al artículo 13 Fracción IV, que establece que "[l]a forma de los actos jurídicos se regirá por el derecho del lugar en que se celebren." La pregunta que obligadamente debió haber resuelto la COMPROMEX es el lugar de la celebración del contrato. Si lo fue en Argentina, donde quizá ocurrió dadas las circunstancias relatadas en la recomendación[30]: ¿Que dice el derecho argentino respecto de la forma que deberán revestir de los contratos?

3. Las Excepciones de la Vendedora; Inaplicabilidad de la CIM, la Falta de Forma Escrita del Contrato (CIM arts. 11, 12 y 96)

La vendedora argentina argumentó que la CIM era inaplicable al caso ya que Argentina había hecho una reserva conforme al artículo 96 que excluía su aplicación al caso concreto, y que no existía un contrato escrito que la obligara. Dicha reserva tiene los efectos de excluir la aplicación de la Convención por lo que se refiere a la falta de formalidad para la formación de un contrato (art.11); y para su modificación (art. 29); así como las disposiciones que se refieren a la oferta y la aceptación (Parte II). Por lo tanto, las cuestiones respecto a la formación de este contrato se regirían por el derecho que resultara aplicable conforme las normas del derecho internacional privado, que bien pudieran ser la legislación Argentina.[31] No se desprende de la lectura de esta recomendación que la vendedora argentina hubiera alegado la inexistencia del contrato por falta de forma. Contrario a lo que argumentó la vendedora argentina, dicha reserva no excluyó la total aplicación de la CIM, sino solo las partes que se refieren a la formación-modificación y oferta-aceptación del contrato. No obstante dicha reserva, COMPROMEX insistió en aplicar el artículo 11 de la Convención cuando el mismo no era aplicable.

Otra excepción que hizo valer la vendedora argentina, fue que quien hizo la venta de las mercaderías no fue ella, sino la empresa chilena Agroindustrial Santa Adela. Pero sobre la base de las pruebas aportadas por la quejosa, COMPROMEX razonó que la responsable era la vendedora domiciliada en Argentina.

4. La Falta de Conformidad de las Mercancías y de los Documentos (CIM arts. 35, 34)

La Costeña argumentó que las mercancías recibidas no eran conformes, ya que venían seriamente averiadas; que los documentos tampoco eran conformes ya que provenían de una tercera empresa con la que negaron haber contratado. Por lo que respecta a las mercaderías, la recomendación señala que en algún momento de las negociaciones se exhibieron muestras con la finalidad de que los productos se conformaran a ellas. Por lo tanto, cualquier análisis que hubiera hecho COMPROMEX debió de centrarse en confrontar las muestras aprobadas por la compradora mexicana, con las mercancías que recibió. De haber resultado que las mercancías sí se conformaban con las muestras, no obstante las averías, el comprador mexicano no hubiera podido argumentar la falta de conformidad, ya que se hubiera tratado de un hecho conocido. Sin embargo, de la lectura de esta recomendación, no se desprende dicho razonamiento.

Por otro lado, COMPROMEX aplica equivocadamente el artículo 35(1) de la CIM, pues este establece la regla genérica de que el vendedor deberá entregar mercaderías cuya cantidad, calidad y tipo correspondan al contrato. El artículo aplicable era el 35(2)(c), ya que es más preciso al indicar que "las mercaderías no serán conformes a menos que posean las cualidades de la muestra que el vendedor de haya presentado al comprador".

Respecto de la falta de conformidad de los documentos, la compradora señaló que recibió facturas provenientes de Chile, expedidas por una empresa distinta a la domiciliada en Argentina, y que no representaba la totalidad del dinero pagado. La Comisión resolvió que era obligación de la vendedora entregar documentos conformes, un derecho claramente establecido en el artículo 34 de la CIM.

5. La Avería de las Mercaderías Tránsito (CIM arts. 35(2)(d), 36(1), 66)

La vendedora Argentina alegó que por tratarse de un contrato celebrado F.O.B., la parte compradora debía soportar los daños sufridos en las mercancías ya que los daños ocurrieron después de la entrega de las mismas. Bajo un contrato FOB (free on board), el vendedor cumple con su obligación cuando la mercancías han sobrepasado la borda del buque, transmitiéndose en ese preciso momento el riesgo al comprador. Por lo tanto, en una contrato celebrado con este Incoterm,[32] si la mercancía sufre un menoscabo, o incluso se pierde en su totalidad, el menoscabo patrimonial es del comprador. Sin embargo, debe entenderse que los Incoterms son reglas complementarias a las de la CIM Pero como toda regla, esta también tiene su excepción. El artículo 36 de CIM establece la responsabilidad del vendedor de toda falta de conformidad que exista en el momento de la transmisión del riesgo, aun cuando esa falta sólo sea manifiesta después de ese momento. De manera similar, el artículo 66 de la CIM establece que el comprador puede quedar eximido si la pérdida o deterioro es atribuible a un acto u omisión del vendedor.

El comprador argumentó que las mercancías no habían sido debidamente embaladas, y que las latas no eran de la calidad requerida, y que éstas no tenían a un vacío adecuado. Estas omisiones, argumentó el comprador, causaron el menoscabo de las mercancías, por lo tanto no queda eximido el vendedor, a pesar de tratarse de un contrato FOB. Sobresale que COMPROMEX no hubiera indicado el artículo aplicable a esta situación.

6. Falta de Determinación de un Incumplimiento Esencial y Posibilidad de Resolver el Contrato (CIM arts. 25 y 26)

La CIM incluye un concepto fundamental sobre el que descansa el acceso a muchos de los recursos que dicha Convención prevé.[33] Este es el incumplimiento esencial, previsto en el artículo 25 de la CIM que dice que el incumplimiento de un contrato por una de las partes será esencial cuando cause a la otra parte un perjuicio tal que la prive sustancialmente de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato.[34] Cuando un comprador estima que existe un incumplimiento esencial -debido a la falta de conformidad con las mercaderías- puede declarar resuelto el contrato conforme al art. 26 de la CIM, mediante una comunicación a la otra parte, en la que se especifique la falta de conformidad.[35] La existencia de un incumplimiento esencial en ningún momento fue analizada por la COMPROMEX. Se desprende de la recomendación que la compradora en efecto envió una carta a la vendedora en la que particularizó la falta de conformidad de las mercancías, pero aparentemente no alegó que tenía derecho a resolver el contrato, al menos no con esa denominación.[36] Sin embargo, en su escrito inicial señala el deseo de retornar las mercancías a cambio de la devolución de lo pagado, lo que es en esencia el efecto de una resolución conforme a la CIM art. 81.[37] Algo no comentado en la recomendación, quizá porque no fue siquiera solicitado por La Costeña es el derecho a ser indemnizado por el lucro cesante, es decir lo que dejó de percibir por las ventas que pudiera haber realizado de las mercancías de haberse conformado éstas al contrato de conformidad con el artículo 74 de la CIM.[38]

7. Los Resolutivos

COMPROMEX resolvió que la vendedora debería regresar el precio de la compraventa, pero no sugirió que la compradora mexicana retornara la mercancías, como ésta lo solicitó en su escrito inicial. Por otro lado, recomendó que la vendedora expidiera nuevos documentos señalando la cantidad exacta de las mercancías, lo que resulta incongruente ya que los documentos representan a los bienes que la compradora repudió por la falta de conformidad. Ausente de la recomendación es la determinación de la procedencia del pago de los intereses que también fueron solicitados por la quejosa mexicana en su escrito inicial, y a los que tiene derecho de conformidad con el CIM art. 78.

Por lo que respecta la aplicación uniforme a que se refiere el artículo 7(1) de la CIM, el Dictamen La Costeña no se desprende que COMPROMEX hubiera consultado resoluciones de otras jurisdicciones para lograr este objetivo, opiniones de los comentaristas ni los trabajos preparatorios de la Convención.

C. El Tercer Caso: Dulces Luisi vs. Sequilia Exports [39]

1. Los Hechos

Este caso involucró un exportador mexicano de dulces, y dos compradores domiciliados en Corea del Sur. Previo a la controversia de la que surgió esta reclamación, el exportador mexicano había enviado dulces a las compradoras sudcoreanas con envolturas que indicaban un año de caducidad. En la última operación, las compradoras sudcoreanas solicitaron una modificación en la fecha de caducidad a dos años y el exportador envió los dulces con la nueva leyenda en las envolturas. Al acudir el exportador mexicano al banco avisador, descubrió que la carta de crédito indicaba la fecha de caducidad original de un año. Esta discrepancia entre la fecha de caducidad requerida en la carta de crédito y la establecida en la envoltura de los dulces, hizo imposible que el exportador mexicano cobrara, quedándose sin los dulces y sin el precio por la venta de las mercaderías.[40]

2. Aplicación de la Convención cuando una de las partes proviene de un Estado no Contratante (CIM art. 1(1)(b))

El primer punto que sobresale de esta recomendación es que COMPROMEX determina que la CIM aplica al caso, no obstante que Corea del Sur no es país un signatario de la misma.[41]

El artículo 1(1)(a) de la CIM [42] prevé su aplicación siempre que el comprador y el vendedor tengan sus domicilios en Estados Parte. Pero la Convención también puede aplicar conforme al artículo 1(1)(b) "cuando las normas del derecho internacional privado prevean la aplicación de la ley de un Estado Contratante."[43] De los hechos narrados, parece que la relación comercial inició en Alemania durante la celebración de una feria internacional de dulces. Suponiendo que el exportador mexicano y las compradoras sudcoreanas hubieran celebrado el contrato en Alemania, Estado Contratante de la CIM la CIM hubiera aplicado mediante la regla locus regit actum prevista en el artículo 13 Fracción IV del Código Civil Federal mexicano. El mismo resultado pudiera obtenerse si las partes hubieran designado en un contrato al derecho alemán como el aplicable. Sin embargo, este punto no fue abordado por la COMPROMEX, dejando el porqué de su aplicación de la CIM envuelta en un enigma.[44]

3. La Determinación de la Mala Fe, El Fraude y la Inducción al Error (CIM art. 7(1)(2))

COMPROMEX concluye que las empresas sudcoreanas "violentaron uno de los principios rectores de comercio internacional, previsto en el artículo 7 de la Convención de las Naciones Unidas," toda vez que actuaron de mala fe,[45] pues indujeron a la vendedora mexicana a imprimir envolturas de los dulces con una fecha de caducidad de dos años, mientras que las sudcoreanas abrieron una carta de crédito señalando como requisito para su pago que las envolturas de los dulces deberían tener una fecha de caducidad de un año.[46] Antes de analizar el asunto de la "buena" o "mala fe" debemos establecer que cuando el artículo 7 de la CIM se refiere a la "buena fe", se refiere a esta como un criterio de interpretación,[47] y no como una obligación específica hacia las partes. Es una directriz a los jueces nacionales que les corresponda aplicar la CIM para que al hacerlo, procuren no limitarse exclusivamente a la uniformidad de su aplicación, sino que lo hagan buscando promover la buena fe. La exigencia que impone la CIM en las partes en un contrato internacional debemos buscarlos en otros artículos de la CIM y no el artículo 7. Por ejemplo, la CIM establece en su artículo 29(2) que tratándose contratos que solo admitan una modificación por escrito, una parte puede -- no obstante la falta de un escrito modificatorio -- quedará vinculada por sus propios actos si la otra parte se ha basado en tales actos, una doctrina similar al estoppel o detrimental reliance del common law,[48] pero ambas sustentadas en la buena fe. John O. Honnold, uno de los más importantes tratadistas de la CIM, se refiere a ciertas áreas donde puede hablarse del requisito de la buena fe. Dice por ejemplo, que "alguien que exige el cumplimiento dentro de un periodo adicional (arts. 47 y 63) no podrá, de buena fe, rehusarse a aceptar el cumplimiento que exigió" y que:

"retrasarse en exigir el cumplimiento específico de una obligación o en resolver el contrato después de un cambio en el mercado o interpretar actos ambiguos como una aceptación -- situaciones que podrían permitir la especulación a expensas de otros -- podría ser inconsistente con los previstos respecto de los recursos cuando se interpretan bajo la luz del principio de la buena fe."[49]

Por lo tanto, el artículo 7(1) no impone obligación alguna en las partes en un contrato internacional, pero si lo hace a quien interpretará la ley. Las obligaciones de buena fe que se imponen a las partes son subyacentes al texto de CIM.

En el Dictamen Luisi, COMPROMEX se refiere a la inducción al error y como esto contraviene el mandato de la buena fe previsto en el artículo 7 de la CIM. La inducción al error es un aspecto que entraña cuestiones de validez y que está claramente fuera del ámbito de la CIM.[50] Recordemos que la CIM en su art. 4 establece,[51] que salvo disposición expresa en contrario, excluye de su ámbito aspectos de la validez del contrato, de sus estipulaciones, y de cualquier uso.[52] Parecería que COMPROMEX se empecinó a seguir la pista del fraude olvidándose que "[l]a Convención no interfiere con los derechos especiales y los recursos que el derecho doméstico concede a personas que han sido inducidas a celebrar un contrato [o a modificarlo] mediante el fraude."[53] Por lo tanto, cuando hablamos de inducción al error, nos encontramos ante un tema de validez, aspecto fuera del ámbito de la CIM, y que en todo caso se regiría por el derecho doméstico.[54] Quizá por ello la COMPROMEX no atribuye ninguna consecuencia al hallazgo de la mala fe en la inducción a que Luisi enviara las mercancía a las compañías Sudcoreanas, aún y con el obstáculo de hacer efectivo el cobro de carta de crédito.

Respecto de la "mala o buena fe contractual", podemos decir que los contratos se celebran para el beneficio mutuo de las partes que lo celebran, entonces actuar de buena fe significa exteriorizar conductas que tengan como finalidad la conclusión del contrato, mientras que actuar de mala fe significa una conducta para frustrarlo.[55] No obstante su declaración de intención, COMPROMEX asumió que el concepto de la buena fe (y contra sensu el de la mala fe), son lo mismo en el contexto del derecho nacional que bajo la CIM, se dejó guiar por un faux amis.[56] Adame Goddard, ya ha señalado, que la "buena fe no puede referirse a las intenciones de las partes contratantes, ni simplemente a la virtud general de honestidad, sino que tiene que referirse a la realización o no realización de conductas relacionadas con el fin del contrato."[57] De la misma manera se expresa la UNIDROIT en sus Principios sobre los Contratos Comerciales Internacionales.[58] Parecería que la Comisión limitó su hallazgo de la mala fe a la inducción al error al momento de invitar a la modificación, sin atribuirle consecuencia alguna.

4. Los Principios UNDROIT y la buena fe en el Dictamen Luisi

En el Dictamen Luisi, la COMPROMEX se cita los Principios sobre los Contratos Comerciales Internacionales de la UNIDROIT,[59] aunque sin mencionar expresamente que está haciendo uso de ellos. La UNIDROIT, o Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, es un organismo privado con sede en Roma, que elaboró estos principios para que las partes en un contrato comercial internacional de cualquier país pudieran optar por ellos como su derecho aplicable. En la elaboración de los Principios, la UNIDROIT contó con la colaboración de destacados juristas de los cinco continentes dándole así un carácter internacional. El párrafo en comento se basó en el artículo 1.7 de los Principios UNIDROIT, y dice:

"10.- El deber de conducirse de buena fe y con lealtad en los negocios en el comercio internacional es de importancia fundamental, ya que las partes contratantes están obligadas a conducirse conforme a este principio, pues limitarlo o excluirlo, implicaría desconocer uno de los ejes que deben regir en el comercio internacional desligado del significado en el derecho mexicano."[60]

Ab initio, la Comisión no citó la fuente de este Considerando, hecho que no debe sorprendernos dada la pobre tradición mexicana en incluir citas bibliográficas en las opiniones judiciales que se reflejaría en este dictamen no vinculativo.[61]

Por otro lado, no resulta claro a que se refiere COMPROMEX cuando dice que "limitar o excluir la buena fe implica desconocer uno de los ejes rectores del comercio internacional, ¿acaso existía una cláusula contractual que pretendiera limitar o excluir la buena fe? Por lo dicho por la Comisión, este punto no resulta claro, pero los comentarios a los Principio UNIDROIT se refieren al carácter imperativo de conducirse conforme al deber de la buena fe, señalando que las partes no pueden excluirlo,[62] es decir, se imponen estándares mínimos a la libertad contractual, pero "nada impide a las partes establecer en su contrato parámetros de comportamiento más rígidos."[63]

5. Una Aproximación Alterna a la Inducción al Error: La Modificación Contractual Incumplida

Una aproximación distinta al tema de la inducción al error pudiera haber ofrecido mejores posibilidades de resolución: los cambios a las envolturas solicitadas por las empresa sudcoreanas no fueron una inducción al error, sino una modificación válida del contrato original.[64] El comprador -- actuando de mala fe -- no modificó las condiciones de la carta de crédito dejando al vendedor mexicano en una imposibilidad de hacer efectivo el cobro de la carta de crédito.[65] Aunque el resultado es a primera vista el mismo -- la vendedora mexicana no cobró -- esta diferencia conceptual explicaría porque COMPROMEX tuvo tanta dificultad en señalar una consecuencia a su hallazgo de la existencia de mala fe, y porque buscó argumentos fuera de la CIM. El análisis sustentado en la "inducción al fraude" es más afín al derecho penal, a la nulidad contractual o a una aproximación sustentada en la teoría de las obligaciones [66], por lo que las reglas aplicables a estos hechos tendríamos que encontrarlas en los códigos civiles y penales mexicanos, no en la CIM.[67]

Un análisis basado en una "modificación del contrato" hubiera permitido que COMPROMEX encontrara sus respuestas dentro del texto de la propia Convención, o que las hubiera destilado de sus principios.[68] Conforme a esta perspectiva alterna, COMPROMEX pudiera haber determinado: (i) que la solicitud que hicieron las empresas sudcoreanas para que Luisi modificara la fecha de caducidad de las envolturas fue una propuesta para la modificación del contrato, de conformidad con el artículo 29 de la CIM; (ii) que el vendedor aceptó la propuesta para la modificación ejecutando un acto, en los términos del artículo 18(3) de la CIM, al modificar las envolturas de la manera propuesta; (iii) que las compradoras sudcoreanas omitieron modificar los términos de la carta crédito para reflejar la nueva fecha expiración de los dulces; (iv) debido a que las sudcoreanas conocían la nueva fecha de expiración -- ya que incluso proporcionaron la película para la envoltura -- no podría permitírseles que sustentaran su falta de pago en la supuesta falta de conformidad,[69] ya que las importadoras sudcoreanas la habían causado.[70]

Bajo esta perspectiva, la buena o mala fe contractual no quedaría supeditada a determinar la intención de las partes, ni dependería de acreditar la inducción al error. La mala fe consistiría en la no modificación de las cartas de crédito, obstaculizando así el pago a la exportadora mexicana.[71]

Esta aproximación alterna hubiera contribuido a los propósitos de promover la uniformidad y la observancia de la buena fe en la interpretación de la CIM por los siguientes razonamientos: Primero, que seguir el análisis sustentado en la inducción al error solamente puede llevarnos a una conclusión: la nulidad del contrato,[72] un aspecto que como hemos insistido se refiere a una cuestión de validez, fuera del ámbito de la CIM, por lo que tendría que aplicarse el derecho nacional para resolver este punto, lo que poco contribuiría a la uniformidad en la aplicación de la CIM; Segundo, se hubiera promovido la observancia de la buena fe al no permitir a las compradoras sudcoreanas sustentar su falta de pago en la falta de conformidad en las fechas de caducidad en las envolturas, toda vez que ellas solicitaron su cambio. De esta manera se hubiera contribuido no solo a la aplicación uniforme de la CIM, sino también a que su interpretación asegure la observancia de la buena fe.

6. Incumplimiento Esencial, Lugar de Pago y Los Intereses (CIM arts. 25, 53, 54, 81(2))

COMPROMEX determinó que existía un incumplimiento esencial conforme al artículo 25 de la CIM, ya que Luisi -el vendedor- no había recibido lo que razonablemente esperaba conforme al contrato: el pago. La CIM en su artículo 53 establece que un comprador tiene entre sus obligaciones la de recibir las mercaderías y efectuar el pago del precio.[73] Además, el art. 54 de la CIM establece que un comprador está obligado a "adoptar las formalidades y cumplir los requisitos fijados por el contrato [...] pertinentes para que sea posible el pago."[74] No cabe duda que al pago es una expectativa razonable y que la omisión en cumplir con las formalidades requeridas para efectuar el pago constituirían un incumplimiento esencial. Pero el incumplimiento esencial tiene como finalidad el sustentar la resolución del contrato, resolución que aparentemente no fue solicitada. Para comprender la importancia de esto, debemos recordar que la resolución tiene como consecuencia que las partes puedan "reclamar de la otra parte la restitución de lo que haya suministrado o pagado conforme al contrato."[75] Es decir, que para Luisi hubiera sido relevante acreditar la esencialidad del incumplimiento, a menos que hubiera reclamado la devolución de los dulces que envió a Corea del Sur, en lugar del precio.

COMPROMEX pudiera haber resuelto sobre el lugar para el cumplimiento de la obligación de pago a Luisi. A falta de acuerdo, la CIM art. 57 establece que el pago debe efectuarse "en el establecimiento del vendedor"[76], cuando el pago se hiciera contra documentos, "en el lugar en que se efectúe la entrega."[77] Seoul International y Luisi -- partes que habían celebrado operaciones previas en por lo menos dos ocasiones antes del incumplimiento -- establecieron entre ellas la práctica de efectuar el pago mediante carta de crédito, haciendo esto una práctica obligatoria entre las partes.[78] La jurisprudencia de otras jurisdicciones ha determinado que el pago mediante carta de crédito no deroga la regla de pago en el domicilio de vendedor.[79] Aunque las cuestiones relativas a la competencia quedan fuera del ámbito de la CIM, hubiera auxiliado a Luisi orientándola sobre la ubicación de los tribunales que pudieran tener competencia para demandar en juicio,[80] si decidiera continuar por esa vía.

7. El Papel del Artículo 7(2) de la CIM en la Resolución de Cuestiones No expresamente Regidas por La Misma

Como se mencionó, la confusión conceptual en el Dictamen Luisi respecto del fraude-error vs. incumplimiento del contrato explicaría porque COMPROMEX trató de fundar su hallazgo de mala fe en otras fuentes de derecho internacional. Pero esto también pone en evidencia la desatención que hace la COMPROMEX a la regla interpretativa del art.7(2). Este artículo dice que las cuestiones no expresamente resueltas por la CIM se dirimirán: (i) con base a los principios generales en que se basa; (ii) a falta de tales principios, de conformidad con la ley aplicable que resulte conforme a las normas del derecho internacional privado. El siguiente párrafo tomado del Dictamen Luis es ilustrativo:

"para la resolución del caso planteado, esta Comisión consideró conveniente aplicar, además, los usos y prácticas comerciales de general aceptación con la finalidad de realizar las exigencias impuestas por la justicia y la equidad en la solución del caso planteado."[81]

Primero, previo a considerar aplicar "los usos y costumbres y prácticas comerciales de general aceptación": ¿agotó COMPROMEX los principios generales en que se basa la CIM? Si los principios generales en que se sustenta la CIM fueron insuficientes: ¿porque no acudió a las normas aplicables conforme al derecho conflictual?.

Segundo, ¿que hecho de la reclamación presentada por Luisi presentó este obstáculo insuperable que hizo necesario invocar los "usos y prácticas de general aceptación?." Si el hecho fue la inducción al error, la respuesta hubiera sido un cambio de enfoque, como se mencionó, de la inducción al error-fraude al enfoque de la modificación contractual-incumplimiento.

Finalmente, la declaración de que aplicaría los "usos y prácticas" fue una declaración de intención vacía, ya que COMPROMEX no nos dice cuales fueron esos principios que dijo aplicar, a que hechos se aplicaron, y, quizá más importante, el porque no se agotaron las reglas de interpretación del art. 7(2) que requieren que a falta de disposición expresa se agoten los principios en que se sustenta la CIM, seguida por el derecho que resulte aplicable a través de las normas conflictuales, que en este caso sería lex fori. Todo esto hace evidente la necesidad de que COMPROMEX implemente una metodología adecuada de interpretación de la CIM que logre su propósito fundamental de aplicación uniforme.[82]

8. Los Resolutivos

COMPROMEX omitió recomendar que las compradoras sudcoreanas efectuaran el pago del precio,[83] así como el pago de los intereses [84], ya que es un derecho al que el vendedor tiene derecho conforme a la CIM. No resulta claro porque omitieron incluir estos puntos en su recomendación, pero es inconsistente con la solicitud que hace Luisi como se relaciona al principio de la recomendación.[85] Al igual que las anteriores recomendaciones, es notoria la ausencia de citas a casos resueltos en otras jurisdicciones. Igualmente, omitieron cualquier referencia a autores que ya han desarrollado importantes tratados sobre la CIM.

III. Conclusiones

IV. Algunos Comentarios Finales Sobre La Importancia de Conocer La Convención
      de las Naciones Unidas Sobre la Compraventa Internacional en Baja California

Es preocupante el desconocimiento generalizado del derecho internacional aplicable en nuestra región, y en particular de la Convención de las Naciones Unidas Sobre la Compraventa Internacional de Mercaderías. Nuestra condición de abogados fronterizos nos coloca ante una situación privilegiada vis-à-vis el resto de los miembros del foro de la República Mexicana. La interacción comercial con California, con el resto de los Estados Unidos, y con el resto del mundo es intensa. A diario son cientos los tractocamiones que cruzan nuestras fronteras repletos de toda clase de mercaderías, que van desde manufacturas, a productos agrícolas producidos en la región. A diario, parten o arriban al puerto de Ensenada embarcaciones repletas de productos derivados de transacciones comerciales internacionales. Sería absurdo creer que todas estas operaciones se concluyen sin problema alguno. De la revisión de los boletines judiciales del estado podemos percatarnos que desde tiempo atrás, ya se ventilan litigios con conexiones transfronterizas. Sería interesante conocer cuantas de estas controversias planteadas se han referido a compraventas regidas por la CIM desde que esta entró en vigor en enero de 1989, y si los abogados y jueces conocían el hecho de que este era el derecho sustantivo aplicable.[86] Me atrevo a especular que no, y por una razón sencilla: desconocimiento.[87]

Este abandono de la Convención de Viena de 1980 es injustificable, ya que rige para México desde el 1ro de Enero de 1989 y aplica también para nuestros principales socios comerciales. Si deseamos maximizar las oportunidades que nuestra inserción en el mercado global nos ha concedido, debemos como abogados enterarnos del derecho internacional de los contratos, removiéndole ese velo de misterio que parece cubrirlo y abandonando nuestro etnocentrismo jurídico.

Un primer paso podría ser el insistir en la enseñanza de la CIM a nivel licenciatura en la misma materia de Contratos, o quizá en alguna más específica como Contratos Mercantiles. Así podría asegurarse que las nuevas generaciones de abogados por egresar tendrán al menos un conocimiento generalizado del tema.

Otro paso podrían darlo las barras de abogados procurando difundir trabajos, pláticas o conferencias sobre el tema de la Convención para actualizar a sus agremiados.

Finalmente, descansará sobre los hombros de los jueces la obligación de reconocer aquellos casos en que la Convención es aplicable no obstante la ignorancia de los abogados litigantes. Pero mayor aún lo será la obligación de la judicatura de velar por aplicarla -- como lo establece el artículo 7(1) de la CIM --, teniendo en cuenta su "carácter internacional y la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación y de asegurar la observancia de la buena fe en el comercio internacional."

FOOTNOTES

1. Profesor de Derecho Mercantil Internacional y de Derecho de la Compraventa Internacional en la Universidad Iberoamericana, Plantel Noroeste en Tijuana, Baja California, México; Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, Plantel Noroeste, 1995; Maestro en Derecho (LLM) por la University of Pittsburgh, 1998. Abogado postulante en la ciudad de Tijuana. Si tiene comentarios, preguntas, u observaciones respecto del presente trabajo puede comunicarse vía correo electrónico a: <alexosuna@hotmail.com>. [Nota aclaratoria y comentarios a esta versión electrónica: Una versión previa de este trabajo fue publicado previamente por derecho.org, y en Diciembre 2000, en su versión actual por el Poder Judicial del Estado de Baja California. Se hace la aclaración que en la versión publicada por el Poder Judicial se incluyeron como anexos la Convención de Naciones Unidas de 1980, así como los casos comentados en ese pequeño ensayo. Quiero dar una agradecimiento muy especial a los Profesores Ronald Brand y Harry Flechtner (University of Pittsburgh) por abrirme los ojos a las posibilidades académicas y profesionales que el estudio de la Convención de 1980 me ha ofrecido. Igualmente doy las gracias al Profesor Alejandro Garro (Columbia University) y mi gran amigo Arnau Muriá, sin cuyos comentarios este trabajo no hubiera tenido ni pies ni cabeza. Gracias también a The Alcoa Foundation y al CONACYT. Sin la ayuda financiera de estas instituciones no hubiera sido posible realizar mis estudios.]

2. U.N. Conference on Contracts for the International Sale of Goods, Final Act (April 10, 1980), U.N. DOC A/CONF. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 1988, y vigente para México desde el 1 de enero de 1989. En lo sucesivo y para efectos de este trabajo la CIM. Por sus siglas en inglés, generalmente se le refiere como UNCISG o CISG a secas, y es frecuente encontrar trabajos incluso en español donde se utiliza este último acrónimo. Se optó por el de CIM en este trabajo por ser el acrónimo utilizado por la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Uniforme. Otro instrumento importante relacionado con la materia es la Convención Sobre la Prescripción en Materia de Compraventa Internacional de Mercaderías (Nueva York, 14 de Junio de 1974) y Protocolo por el que se Enmienda la Convención sobre Prescripción en Materia de Compraventa Internacional de Mercaderías (Viena, 11 de abril de 1980), véanse Diarios Oficiales del 8 de Diciembre de 1987, y del 6 de Mayo de 1988.

3. Véase Franco Ferrari, Specific Topics of the CISG in the Light of Judicial Application and Scholarly Writing, publicada en The Journal of Law and Commerce (1995). En dicho trabajo, Ferrari relata entre otros interesantes aspectos, como la Asamblea General de la Naciones Unidas autorizó la celebración de una conferencia diplomática que celebró en Viena, Austria del 10 de marzo al 11 de Abril de 1980, en la que se aprobó la CIM.

4. Véase Muriá Tuñón, Arnau The Actio Quanti Minoris and Sales of Goods Between Mexico and the U.S.; An Analysis of the Remedy of Reduction of the Price in The UN Sales Convention , CISG Article 50 and its Civil Law Antecedents, 1998. Página de Internet de Pace University. <http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/muria.html>. Visitado la última vez el 16 de diciembre de 1999.

5. El contrato es "una promesa, o un grupo de promesas, que la ley obligará a su cumplimiento, o cuyo cumplimiento de alguna manera reconoce como un deber", según la § 1 del RESTATEMENT 2^nd CONTRACTS (SEGUNDA REFORMULACIÓN DE CONTRATOS). EL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, art. 1793 dice que "[l]os convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos". Sin embargo las diferencias van más allá de las definiciones, ya que en nuestra tradición jurídica el contrato se cumple por tener de manera subyacente una obligación moral de honrar la promesa exteriorizada, mientras que la visión del common law es la de la eficiencia. Véase Harry M. Flechtner, The several Texts of the CISG in a Decentralized System: Observations on Translations, Reservations and Other Challenges to the Uniformity principle in Article 7(1) 17 J.L. & Com. 203 fn56 (1998). Por ejemplo, JOHN E. MURRAY, CONTRACTS; CASES AND MATERIALS, Fourth Edition, 1991, pag. 4-5) nos ilustra con el siguiente ejemplo sobre la doctrina del efficient breach o incumplimiento eficiente. "Normalmente, la negativa a cumplir con un intercambio futuro resultará en una pérdida para la parte que no ha incumplido que debe ser compensada para satisfacer las expectativas de esa parte. Entonces, si X se obliga proveer a Y con 1,000 grabadoras, el incumplimiento de X obligará que Y busque a un proveedor alterno. Si Y debe pagar un precio superior, la diferencia entre el precio del contrato y el mayor (precio sustituto) hará que Y se mantenga completa con respecto a la satisfacción de las expectativas razonables de Y. Sin embargo, asuma que X ha acordado entregar las 1,000 grabadoras con una característica peculiar a Y a $200 dólares por grabadora. Antes de que se cumpla el intercambio futuro, Z requiere 1,000 grabadoras con la característica peculiar que X ha prometido vender a Y. X no tiene más de estas grabadoras ni de ninguna otra clase. Toda vez que Y no tiene interés en la característica peculiar, Y puede comprar grabadoras que le servirán por lo menos tan bien como las grabadoras de X a $210 por unidad . Sin embargo, ningún sustituto dará satisfacción a las necesidades de Z. Z está dispuesto a pagar a X $220 por unidad. Si X rehusa cumplir con su promesa a Y, Y puede ser compensado con $10,000 de X. Habiendo recibido $220 por unidad de Z, X recibe un neto de $10,000 más que lo que hubiera recibido de Y aunque Y, nuevamente ha sido compensada. Por lo tanto Y no sufre pérdidas, X recibe el valor que esperaba y Z se encuentra satisfecha. No solo las partes están mejor, la sociedad en que las partes viven también resulta beneficiada en términos de eficiencia o maximización de valor. Esta situación es describe como incumplimiento eficiente." (La traducción es mía.)

6. Para una lista completa de Estados parte de la CIM, Véase página de las Naciones Unidas <www.un.org/Depts/Treaty/final/ts2/newfiles/part_boo/x_boo/x_10.html>

7. En un par de oportunidades de discutir el tema de la Compraventa Internacional ante la Cámara Nacional de Comercio, Delegación Tijuana, y ante el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, en esa misma ciudad, pude constatar el desconocimiento generalizado sobre el derecho aplicable a los contratos internacionales entre los importadores y exportadores de la región. En las pocas oportunidades en que he podido invocar su aplicación en los tribunales locales me ha resultado evidente el desconocimiento de este instrumento por parte de los abogados y de los jueces ante quienes las demandas se han propuesto.

8. Véase Franco Ferrari, Specific Topics of the CISG in the Light of Judicial Application and Scholarly Writing. 15. J.L. & Com. 11-12 (1995). Véase Harry Flechtner, Another CISG Case in the U.S. Courts: Pitfalls for the Practitioner and the Potential for Regionalized Interpretations, 15 J.L. & Com. 127, 138 (1995). (Sugiriendo que los tribunales miembros de un bloque económico podrían dar a la CISG una interpretación regionalista).

9. Véase CIM art 7(1).

10. Véase ADAME GODDARD, JORGE, EL CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL, p. 74-79 (McGraw-Hill/Interamericana de México, S.A. de C.V. 1994).

11. Véase John Honnold, The Sales Convention: From Idea to Practice, 17 J.L. & Com. 185, (1998). (Propone la creación de un organismo internacional para revisar las decisiones aplicando las CIM).

12. Véase HONNOLD, JOHN O., UNIFORM LAW FOR INTERNATIONAL SALES, 3rd. Edition, (1999) Kluwer Law International.; Véase SCHLECHTRIEM, P. ED, COMMENTARY ON THE UN CONVENTION ON THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS (CISG), Oxford (1998); En español, Véase Adame Goddard, supra 10.

13. Destacan las siguientes páginas: Naciones Unidas <http://www.un.or.at/uncitral>; Pace University: <http://www.cisg.law.pace.edu>; Carlos III, Freiburg

14. UNILEX, Intelligent Databse on the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods. 1999, Transnational Publishers, Inc.

15. Véase Página de la Comisión de las Naciones Unidas Sobre Derecho Mercantil Uniforme en <http://www.uncitral.org/sp-index.htm>.

16. Estados Unidos: Pace University Law School <http://www.cisg.law.pace.edu> ; Alemania <www.jura.uni-freiburg.de/iprl/cisg>; Francia<www.jura.uni-ab.de/FB/LS/Witz/cisg>; Italia http://soi.cnr.it/crocs/crocs/case-law.htm>; Finlandia<www.utu.fi/oik/tdk/cisg/cisg/htm>; España<www.uc3m.es/cisg>.

17. Algunas traducciones, artículos y comentarios sobre el trabajo de COMPROMEX ya han sido publicadas. Véase Alejandro Garro, The U.N. Sales Convention in the Americas: Recent Developments, Alejandro Osuna Dictamen Emitido por la Comisión Para la Protección del Comercio Exterior a Petición de Conservas la Costeña, S.A. de C.V. with Commentary ambas en 17 Journal of Law & Commerce (1998). María F. González, Dictamen de la Comisión Para la Protección del Comercio Exterior de México: Morales y/o Son Export vs. Nez Marketing en 16 Journal of Law and Commerce (1997).

18. Véase Ley que Crea una Comisión para la Protección del Comercio Exterior de México, pags. 7 a 9, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1956. En lo sucesivo, Ley de Compromex. Véase passim Humberto Briseño Sierra, El Arbitraje de la Compromex, Jurídica: Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, año 1992, Num. 21. pag. 131. Versión en Disco Compacto. Los números de página que se mencionan con referencia a dicho artículo, corresponden al de la versión reproducida del disco y no al de la publicación original.

19. Véase Ley de COMPROMEX, art. 2(III).

20. Véase Ley de COMPROMEX, art. 2(IV).

21. Briseño Sierra, op. cit. pag. 5

22. Véase Ley de Compromex, art. 14.

23. Véanse los artículos 1415 al 1463 del Código de Comercio Mexicano, que fueron tomados con algunas variaciones de la Ley Modelo de Arbitraje Comercial Internacional, elaborada por la Comisión de las Naciones Unidas Sobre Derecho Mercantil Internacional. Igualmente importante es la Convención Sobre el reconocimiento y ejecución de Sentencias Arbitrales Extranejras de 1958 (Nueva York). Para una breve pero interesante exposición sobre el arbitraje, consúltese Arbitraje Comercial Internacional; varios autores; compilador: Pereznieto Castro, Leonel, Distribuciones Fontamara, S.A. México, D.F. 2000.

24. Véase Ley de Compromex art. 12 ¶ 2.

25. Véase Briseño Sierra, pag. 3.

26. Se sugiere consultar los dictámenes asi como el texto de la Convención. Los mismos pueden localizarse en la Pagina de Pace University en los siguientes domicilios: Dictámen José Luis Morales y/o Son Export, S.A. de C. V. <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930504m1.html>; Dictámen Conservas la Costeña <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960429m1.html>; Dictámen Dulces Luisi, S.A. de C.V. <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981130m1.html.>

27. Véase CIM art. 58(1) Si el comprador no estuviera obligado a pagar el precio en otro momento determinado, deberá pagarlo cuando el vendedor ponga a su disposición las mercaderías o los correspondientes documentos representativos conforme al contrato.

28. Véase CIM art. 78. Si una parte no paga el precio o cualquier otra suma adeudada, la otra parte tendrá derecho a percibir los intereses correspondientes, sin perjuicio de toda acción de indemnización de daños y perjuicios exigibles conforme al artículo 74.

29. Véase Dictamen emitido por la Comisión para la Protección del Comercio Exterior a petición de Conservas La Costeña, S.A. de C.V.; Diario Oficial de la Federación del 16 de julio de 1996.pags. 12-17. (En lo sucesivo el Dictamen Costeña).

30. Véase el Resultando V(3) del Dictamen Costeña donde según Lanín, en Noviembre de1992 acudieron a sus oficinas representantes de La Costeña para asegurar la provisión de productos para el año de 1993.

31. Este resultado nos lo daría la ley conflictual del foro, en esta caso el derecho mexicano. Conforme al artículo 13(IV) del Código Civil Federal, los actos jurídicos se rigen por el lugar donde estos se celebren.

32. Los Incoterms o International Commerce Terms, son cláusulas abreviadas cuyo significado determina entre otros factores como se integra el precio internacional, quien contrata el transporte y en que momento se transmite el riesgo de pérdida de la cosa. Para un artículo ofreciendo una introducción al tema de los Incoterms, véase Pedro A. Labariega, Los Términos comerciales o Incoterms en las transacciones comerciales internacionales, Revista de Derecho Privado Nums. 13, 14 y 15 U.N.A.M. (1994). Véase también la última versión INCOTERMS 2000, publicados de manera reciente por la International Chamber of Commerce.

33. La CIM prevé cuatro posibiliades básicas ante el incumplimiento, de los cuales dos de ellos son más bien típicos del common law, mientras que los otros dos son mas comunes en la tradición romano-civilista. Los primeros son el resale damages, o indemnización por reventa, y los cover damages que se refieren a la posibilidad de celebrara una operación sustituta que permitiría a la parte agraviada demandar por la diferencia entre el contrato original y el que se vió obligado a celebrar en sustitución. (CIM art. 75). En estos se busca proteger la expectativa generada (expectation interest). Por lo que respecta el cumplimiento forzoso se refiere a la posibilidad de obligar a una parte que incumple a celebrar el contrato (CIM arts. 46, 62), pero solo está disponible este recurso si el país del foro donde se dirime la disputa la confiriese bajo su derecho propio. (CIM art. 28). La quanti minoris se refiere a la posibilidad de obtener la reducción del precio cuando un comprador recibe mercancía no conforme al contrato, pero decide conservarla de cualquier manera. (CIM art. 50). Veáse Muriá Tuñón, Arnau, supra nota 4.

34. Véase CIM, art. 25. Pero el incumplimiento esencial no es la única forma de adquirir el derecho de declarar resuelto el contrato ya que existe también el procedimiento nachfrist, previsto en el artículo 47(1) de la CIM, que establece que el comprador podrá fijar un plazo suplementario al vendedor para que este subsane su incumplimiento. De no hacerlo, podrá declarar resuelto el contrato vía el art. 49 (2)(b)(ii) sin necesidad de tener que acreditar la "esencialidad" del incumplimiento. El efecto de declarar el contrato resuelto es obligar que las partes se restituyan sus prestaciones - que el vendedor regrese el dinero recibido, y que el comprador devuelva las mercancías no conformes. Sin embargo, dicha resolución del contrato no significa que las una exoneración de loas daños y perjuicios causados (CIM art. 81). Un derecho similar tiene el vendedor (CIM art. 63).

35. Véase CIM art. 39(1).

36. Véase Dictamen Costeña, Resultando 6.

37. Véase Dictamen Costeña, Resultando I(1).

38. Véase CIM art. 74 "La indemnización de daños y perjuicios por el incumplimiento del contrato en que haya incurrido una de las partes comprenderá el valor de la pérdida y el de la ganancia que haya ocurrido como consecuencia del incumplimiento."[. . .]. Sin embargo, este derecho a la indemnización está limitado a lo que la parte incumplidora hubiera previsto debiera haber previsto en el momento del incumplimiento. (CIM art. 74). Por otro lado, la CIM impone la obligación a los comerciantes internacionales de tomar una postura activa ante el incumplimiento de la otra, es decir, deberán "adoptar las medidas que sean razonables, atendidas las circunstancias, para reducir la pérdida, incluso el lucro cesante, resultante del incumplimiento." (CIM art. 77). El mismo artículo prevé que la parte incumplidora tendrá derecho a pedir la reducción de la indemnización a la parte agraviada en la cuantía en que debía de haberse reducido la pérdida. Compárese con el artículo 1910 del Código Civil Federal que establece la obligación de indemnizar por el hecho ilícito civil, pero en los casos en que acontece por la negligencia de la parte afectada el "presunto responsable" del ilícito civil deberá probar que el daño sufrido fue por la culpa inexcusable o negligencia de quien la reclama. Véase también art. 7.4.8 de los Principios Sobre los Contratos Comerciales Internacionales de Unidroit que exonera a la parte incumplidora de la obligación de resarcir a la parte perjudicada en cuanto ésta podía reducirlas tomando medidas razonables para ello.

39. Véase Dictamen relativo a la queja promovida por Dulces Luisi, S.A. de C.V., en contra de Seoul International Co. LTD., y Seoulia Confectionery Co., Diario Oficial de la Federación, 29 de enero de 1999. (En lo sucesivo el Dictamen Luisi).

40. Conforme a Las Reglas y Usos Uniformes Relativos a los Crédito Documentarios de la Cámara Internacional de Comercio (conocidas como RRUU 500, o UCP 500), el artículo 13 fracción (a) establece la obligación de los bancos de examinar todos los documentos estipulados en el Crédito con un cuidad razonable para comprobar que se conforman con los términos y condiciones del Crédito.

41. En el Dictamen Luisi, Considerando 4, Compromex dice: "[e]l hecho de que no exista un contrato firmado entre las partes no es óbice para que las mismas dejen de cumplir los compromisos a que se obligan, de conformidad con lo dispuesto de en el artículo la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, adoptada en Viena, Austria, el 11 de abril de 1980, vigente en México a partir del 1 de enero de 1989."

42. Véase CIM art. 1(1)(a).

43. Véase CIM art. 1(1)(b). Las reglas de derecho internacional privado mexicanas se encuentran en los artículos 12, al 15 del Código Civil Federal.

44. Compromex determinó que la relación comercial inició en Alemania durante la Feria Internacional de los Dulces, celebrada en Alemania. No se precisa si en ese lugar hubo un intercambio de órdenes de compra, cartas de remisión, o si se firmó algún contrato en ese país. Véase el Dictamen Luisi, Considerando 5 (b).

45. Resulta ilustrativo analizar el siguiente punto:

"11.- En el caso concreto, las empresas coreanas, valiéndose de engaños hicieron caer en error a la "quejosa", pues como ha quedado señalado no eran ciertos algunos hechos que hicieron valer para que la empresa mexicana enviara las mercancías, a sabiendas de que no era posible hacer efectivas las cartas de crédito".

46. En las operaciones en las que se utilizan cartas de crédito, el pago se efectúa contra la presentación de documentos ante la institución. Estos documentos son especificados en la carta de crédito y normalmente son: conocimiento de embarque, lista de mercaderías, facturas, póliza de seguros, certificados de origen. A través de estos mecanismos de intermediación financiera, se reducen los riesgos del incumplimiento del contrato, pues el exportador no remite sus mercancías en tanto la institución no le notifique de la apertura de la carta de crédito. Por otro lado, el comprador a través del banco pagará al exportador cuando este último exhiba documentos que acrediten que las mercaderías ya han sido enviadas. Véase también LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO arts. 311 al 320. Internacionalmente, los bancos utilizan los UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICES, desarrollados por la Cámara de Comercio Internacional.

47. Art. 7 de la CIM: "En la interpretación de la presente Convención se tendrán en cuenta [(1)] su carácter internacional y [(2)] la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación y [(3)] de asegurar la observancia de la buena fe en el comercio internacional." Dicho artículo impone una obligación en el interpretador de la ley, y no una obligación sobre los agentes del comercio en lo particular.

48. La § 90 del RESTATEMENT SECOND OF CONTRACTS dice que "[u]na promesa que un promitente debió de haber razonablemente entendido que induciría a una acción o tolerancia de una naturaleza definida y sustancial por el promisario y que induce a dicha acción o tolerancia es obligatoria [entre ellos] si la injusticia puede evitarse solo con el cumplimiento de dicha promesa." (Traducción es mía). La diferencia más obvia entre la §90 del Restatement y el artículo 29(2) de la CIM, es la ausencia de lenguaje que se refiera a la necesidad de evitar una injusticia con el cumplimiento de la promesa.

49. HONNOLD, JOHN O., UNIFORM LAW FOR INTERNATIONAL SALES, p. 94-95. (Traducción es mía).

50. Hay quienes opinan que en los sistemas de tradición civilista existe una marcada tendencia al análisis de la buena fe contractual al momento de la negociación y formación del contrato, mientras que en los países del common law el énfasis gravita hacia las consecuencias económicas de la relación contractual. Véase John Klein, Good Faith in International Transactions, 15 Liverpool Law Review 117-19 (1993). Véase el art. 1796 del CÓDIGO CIVIL FEDERAL, "Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deben revestir una forma establecido por la ley. Desde que se perfeccionan, obligan a los contratantes no sólo al cumplimiento de los expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a la ley." Véase art. 1815 del Código Civil Federal, que establece que "[s]e entiende por dolo en los contratos cualquiera sugestión o artificio que se emplee para inducir al error o mantener en él a algunos de los contratantes, y por mala fe la disimulación del error de uno de los contratantes, una vez conocido."

51. CIM Art. 4

"La presente Convención regula exclusivamente la formación del contrato de compraventa y los derechos y obligaciones del vendedor y del comprador dimanantes de ese contrato. Salvo disposición expresa en contrario de la presente Convención, ésta no concierne, en particular:

a) a la validez del contrato ni a la de ninguna de sus estipulaciones, ni tampoco a la de cualquier uso;
b) a los efectos que el contrato pueda producir sobre la propiedad de las mercaderías vendidas."

52. Id.

53. Véase JOHN O. HONNOLD, UNIFORM LAW FORM INTERNATIONAL SALES, 66 (Kluwer Law International) (1999).

54. Véase art. 1812 del CÓDIGO CIVIL FEDERAL: "El consentimiento no es válido si ha sido dado por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo." Del mismo Código el art.1816 establece que "el dolo o mala fe de una de las partes y el dolo que proviene de un tercero, sabiéndolo aquélla, anulan el contrato si ha sido la causa determinante de este acto jurídico." Quizá la consecuencia hubiera sido considerar la modificación de los términos de la carta de crédito como una acto nulo, si se acreditara la mala fe en su modificación.

55. Véase Jorge Adame Goddard, Estudio Comparativo del capítulo primero de los principios Unidroit sobre los Contratos Comerciales Internacionales, REVISTA DE DERECHO PRIVADO, Año 8, Núm. 24 U.N.A.M., 20,21 (1997).

56. El derecho mexicano se refiere en un muchos casos a la mala fe y buena fe. Como ejemplos, tratándose de la posesión apta prescribir nos referimos al poseedor de "buena o mala fe" concediéndose plazos diferentes. La protección al tercero adquirente de buena fe. Estos ejemplos se refieren a cuestiones interiores, difíciles de discernir. Véase también CÓDIGO CIVIL FEDERAL arts. 1883, 1884, 1885, 1886,1887, 1888, 1889, 1890.

57. Idem, supra nota 55.

58. Véase infra nota 60, Art. 1.7 de los Principios sobre los Contratos Comerciales Internacionales, UNIDROIT.

59. El preámbulo de los Principios UNIDROIT se ofrece como una herramienta viable para auxiliar la interpretación de la CIM. Es un documento muy ilustrativo, ya que incluye ejemplos que clarifican el significado de los diferentes artículos, algunos de los cuales son muy similares a los de la propia CIM.

60. Artículo 1.7 (Buena fe y lealtad negocial)

61. Véase passim JORGE ALBERTO SILVA, DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO; SU RECEPCIÓN JUDICIAL EN MÉXICO, EDITORIA PORRÚA, México 1999.

62. Véase Comentario 3 al art. 1.7 de los Principios UNIDROIT.

63. Id. ¶ 2.

64. Véase CIM art. 29(1) "El contrato puede modificarse por mero acuerdo entre las partes."

65. Recordemos que entre las obligaciones que tiene el comprador, se encuentra "la de adoptar las medidas [...] para que sea posible el pago." CIM art. 54. Por lo tanto, al no modificarse las cartas de crédito, se incumple con este artículo.

66. Véase passim ERNESTO GUTIÉRREZ Y GONZÁLEZ, DERECHO DE LAS OBLIGACIONES, Editorial Porrúa, S.A., México, (1995); véase MANUEL BEJARANO SÁNCHEZ, OBLIGACIONES CIVILES, Harla, S.A. de C.V. Tercera Edición, México (1984).

67. Esta perspectiva resulta aún más evidente del lenguaje utilizado en el Resultando II(2) donde la recomendación señala que "[q]ue las personas antes mencionadas fraguaron desde un principio el fraude que posteriormente concretaron en perjuicio de la quejosa [...]".

68. Véase CIM art. 7(2) "Las cuestiones relativas a las materias que se rigen por la presente Convención que no expresamente resueltas en ella se dirimirán de conformidad con los principios generales en que se basa [...]".

69. CIM art. 35(3) establece que "el vendedor no será responsable …. de ninguna falta de conformidad que el comprador conociera o no hubiera podido ignorar en el momento de la celebración del contrato."

70. El artículo 29(2) de la CIM establece que "cualquiera de las partes quedará vinculada por sus propios actos y no podrá alegar esa estipulación en la medida en que la otra parte se haya basado de tales actos."

71. Otra opción prevista en el art. 13(II)(c) de los RRUU 500, es la posibilidad de que el banco emisor se ponga en contacto con el ordenante para obtener su autorización para efectuar el pago a pesar de las discrepancias.

72. Véase C.C.D.F. art. 1816.

73. CIM art. 53.

74. CIM art. 54.

75. CIM art. 81(2).

76. CIM art. 57(1)(a).

77. CIM art. 51(1)(b).

78. CIM art. 9(1).

79. Véase Oberlandesgericht Münche [7U2246/97], en la página Pace University's CISG Database [http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970709g2.html].

80. El artículo 1104 (II) del Código de Comercio establece que los tribunales son competentes cuando una parte de las obligaciones debe realizarse dentro de su jurisdicción. Por su parte el artículo 57 de la CIM establece la obligación de pago del comprador, de no establecerse otro lugar, en el establecimiento del vendedor. Cuando el pago debe hacerse contra entrega de las mercaderías o de documentos, en el lugar en que se efectúe al entrega. Significaría que el juez competente lo sería el lugar donde se ubica el banco ante el cual se presentaron los documentos para exigir el pago contra la carta de crédito.

81. Véase Considerando (14) de la Recomendación en comento. Esta declaración de intención fue tomada del artículo 10 de la Convención Interamericana sobre el Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, un tratado que ni siquiera resulta aplicable conforme a su propio artículo 6 cuando resulta que la CIM es el derecho aplicable.

82. Un caso frecuente de aplicación supletoria de la legislación doméstica, ha sido la cuestión relativa a los intereses. No obstante el art. 78 de la CIM establece que son procedentes, la CIM no establece el monto ni la forma de determinarse, y se ha dejado esta determinación a los tribunales nacionales que la han aplicado. Pero compárese con los Principios UNIDROIT, artículo 7.4.9 (2).

83. Véase CIM art 53.

84. Véase CIM art. 78. Conforme al Dr. Volker Behr, muchas de las controversias relacionadas al art. 78 de la CIM se han debido al lenguaje amplio de este artículo ya que no especifica cual tasa de interés es la aplicable: la del domicilio del comprador o la del vendedor. Véase, Professor Dr. Volker Behr, The Sales Convention in Europe: From Problems in Drafting to Problems in Practice 17 J.L. & Com. 263-300 (1998).

85. Véase Considerando (I) de esta Recomendación.

86. Al momento de hacer las últimas revisiones a este trabajo (Septiembre del 2000), obtuvimos una sentencia aplicando la CIM de un tribunal en la Ciudad de Tijuana; iniciamos un segundo juicio en ésta misma ciudad, y estamos iniciando un tercer Juicio en la Ciudad de Ensenada aplicando la Convención de Naciones Unidas sobre la Compraventa Internacional de Mercaderías.

87. Esta aseveración ya fue confirmada, por lo menos en los tres casos mencionados.