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Reproduced with permission of the author

La aceptación por silencio en la Convención de Viena de 1980 sobre compraventa internacional de mercaderías: primera aplicación jurisprudencial

Mª del Pilar Perales Viscasillas

I. Introducción

La Sentencia de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, Districto sur de Nueva York de 14 de abril de 1992, publicada en 789 F. Supp. 1229 (S.D.N.Y. 1992), es la primera decisión jurisprudencial que se enfrenta al delicado problema de la significación jurídica del silencio como aceptación en el marco diseñado por la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías de 1980, conocida habitualmente como Convención de Viena de 1980 -en adelante CNUCCIM- .[1]

Ciertamente que el análisis de la normativa uniforme sobre la oferta y la aceptación, que el tribunal norteamericano realiza, deviene subsidiariamente al plantearse el litigio -por la sociedad italiana Filanto S.p.A. (en adelante FILANTO)- en razón del incumplimiento contractual de la compañia norteamericana -Chilewich International Corp (en adelante CHILEWICH)-, la cual solicita, a su vez, la suspensión del juicio en base a la existencia de un acuerdo, incorporado por referencia al contrato, de sumisión al arbitraje a celebrar en Moscú. Precisamente, como el objeto de la controversia planea acerca de si existió un acuerdo de los contendientes sobre esa cláusula arbitral, la Corte, para resolver la cuestión de su propia competencia, analiza la validez de tal acuerdo a la luz del artículo II.1 de la Convención de Nueva York de 1958 sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros.

Esta disposición de la Convención sobre arbitraje específicamente requiere al tribunal para que reconozca "cualquier acuerdo por escrito en virtud del cual las partes acuerden someterse al arbitraje". A estos fines entiende la Corte que el aspecto central de la cuestión es el relativo a si del intercambio de correspondencia entre las partes, examinada a la luz de sus relaciones comerciales, puede derivarse la existencia de algún "acuerdo escrito" sobre arbitraje, para lo cual aplica la normativa de la Convención de Viena de 1980.[2] El tribunal, a la vista de esta normativa, concluye finalmente indicando que la oferta realizada por CHILEWICH -que incorpora la cláusula de arbitraje- se acepta por FILANTO en base a su pasividad o silencio, auxiliado por el hecho que de los tratos anteriores existía un deber de oposición temporáneo o tempestivo.

Esta decisión es particularmente interesante porque ha venido a concretar con carácter general el valor jurídico que el silencio puede desempeñar como declaración de voluntad dentro de la teoría general sobre el negocio jurídico y, en particular, en el ámbito de la Convención de Viena que reconoce de una forma vaga en el 2º inciso del artículo 18.1 que: "el silencio o la inacción, por sí solos, no constituirán aceptación".[3]

II. Antecedentes fácticos

La génesis original del cual dimana el presente pleito resulta de la existencia de un contrato previo de compraventa entre el agente de CHILEWICH, Byerly Johnson, Ltd, y la empresa rusa Raznoexport, en virtud del cual el primero se obliga a suministrar a la segunda un cierto número de pares de botas. A estos fines, CHILEWICH acuerda con FILANTO -empresa dedicada a la fabricación de calzado- la compra de 150.000 pares de botas.

En lo que ahora es relevante, existe en el "Contrato ruso" una cláusula que somete toda cuestión litigiosa al arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Moscú. Cláusula que CHILEWICH intenta que rija para sus relaciones con FILANTO que, asimismo, se muestra pertinaz al pretender su exclusión, así como la de otras cláusulas, tal y como se deriva de toda una serie de contactos y tratos previos entre las partes del litigio dirigidos a esos antagónicos objetivos. Es precisamente tras una serie de intercambios de correspondencia y de algunas conversaciones al efecto, que se enmarcan en lo que jurídicamente se denomina fase preliminar o de tratos previos, las cuales tuvieron lugar durante la segunda mitad del año 1989, cuando CHILEWICH decide realizar un Memorándum a firmar por ambas partes. Este Memorándum puede calificarse jurídicamente como una oferta, puesto que en él se concretan los elementos o requisitos objetivos y subjetivos necesarios para que una proposición de contratar pueda considerarse jurídicamente perfecta a tenor del artículo 14.1 CNUCCIM. Para ello es necesario la concurrencia de un requisito subjetivo -la intención del oferente de quedar obligado en caso de recaer aceptación (envío por el oferente, CHILEWICH, del documento firmado)- y además la satisfacción de una exigencia de corte objetivo: la precisión de la oferta. Este último elemento se satisface expresando las mercaderías objeto del contrato (botas), la cantidad (60.000 pares a entregar el 15 de septiembre de 1990 y 90.000 más a entregar el 1 de noviembre) y el precio (cantidad cifrada en 2,5 millones de dólares para la primera entrega). Finalmente, se exige la presencia de un elemento de carácter personal: que la oferta se dirija a una persona determinada (FILANTO), ya que en caso contrario la oferta no sería tal, sino una mera invitatio ad offerendum, tal y como indica el párrafo 2º del artículo 14 CNUCCIM.

En la oferta de compra de fecha 13 de marzo de 1990, CHILEWICH se obliga además a abrir a favor del vendedor un crédito documentario en un momento anterior a la fecha del primer envío de las mercancías, lo que ciertamente realiza el 7 de mayo de 1990, aunque por aquella fecha todavía el vendedor no había devuelto el Memorándum firmado, lo que acontece el 7 de agosto de 1990 pero insistiendo en respetar únicamente ciertas cláusulas del contrato ruso. Esta declaración de FILANTO pretendiendo únicamente la aceptación de algunos términos del contrato (particularmente los relacionados con el embalaje, etiquetado, transporte y condiciones de entrega de las mercancías) tácitamente implica la exclusión de las restantes, entre ellas la concerniente al arbitraje.

Tanto en una fecha anterior como posterior a esta última comunicación se producen ciertos hechos significativos, algunos de los cuales no son tomados en cuenta por el tribunal. Se trata, en primer lugar, de una carta remitida por FILANTO a CHILEWICH (de fecha 23 de julio de 1990), en la que se hace hincapié, una vez más, en su intención de aceptar única y exclusivamente los términos mencionados del contrato ruso. En esta notificación se hace referencia expresa al "contrato ruso", pero dicha mención no se corresponde con su número de referencia (a decir verdad es casi idéntica excepto por lo que respecta a la última cifra), por lo que el tribunal entiende que esa comunicación incumbe a un contrato diferente entre las partes. Ha de observarse que si el tribunal hubiese decidido otorgar algún valor a esta declaración la calificación jurídica del supuesto no cambiaría, ya que esta carta es de fecha posterior a la apertura por el vendedor del crédito documentario. Hecho que, como veremos, es decisivo para un correcto entendimiento del caso que comentamos. En segundo término, después de la devolución del Memorádum firmado, se suceden una serie de comunicaciones por fax entre CHILEWICH y su agente, Byerly, en las que se evidencia el malestar del primero respecto a la postura adoptada por la empresa italiana, así como su decisión de no ordenar la apertura del segundo crédito documentario, a menos que Filanto acepte el clausulado del contrato ruso en su integridad. Con el fin de resolver este problema, Byerly envía a Filanto el 29 de agosto de 1990, a través de un intermediario, una misiva pidiéndole la correción de las cartas de 23 de julio de 1990 y de 7 de agosto del mismo año, en el sentido que acepte plenamente el contrato ruso. Por último, durante la primera quincena del mes de septiembre, se producen dos reuniones entre representantes de CHILEWICH y FILANTO, resultando las declaraciones de los directivos contradictorias.

Así las cosas, FILANTO envía la primera remesa de mercancías en la fecha prevista (15 septiembre 1990), y un fax a CHILEWICH, el 27 del mismo mes, quejándose por la no apertura del segundo crédito documentario a su favor cifrada para el 25 de septiembre. Nada más recibir esta comunicación, la empresa compradora responde el mismo día y por el mismo conducto negando que se hubiese obligado a la apertura de ese crédito, informando además de ciertos problemas con la empresa rusa. Para finalizar esta sucesión cronológica de los hechos, el 14 de mayo de 1991, FILANTO interpone una demanda contra CHILEWICH por incumplimiento de contrato.

Una vez relatados los antecedentes de hecho del caso que nos ocupa, y puesto que ya hemos adelantado que se trata de un supuesto de aceptación de una oferta por silencio del destinatario, conviene detenerse en el papel que el silencio o la inacción pueden desempeñar en el marco normativo diseñado para los intercambios comerciales internacionales.

III. El valor del silencio en la Convención de Viena de 1980

Son varios los problemas que suscita la figura del silencio, ya que desde antiguo han existido dos marcadas tendencias contrapuestas que se identifican en las conocidas máximas "quien calla otorga" (qui tacet consentire videtur) por contraposición a "el que calla nada dice" (qui tacet non utique fatetur). Dejando a un lado estos aforismos jurídicos, el silencio -a diferencia de la aceptación que se conceptúa en la Convención como una actuación o declaración afirmativa (art.18.1), y del rechazo de la oferta que es una declaración negativa (art.17)- se considera habitualmente en el marco de las relaciones jurídicas que posee un valor neutro. No manifiesta, por sí solo, ni un asentimiento ni una negativa. No obstante, en determinadas ocasiones puede adquirir una significación jurídica determinada, ya sea como una declaración de voluntad positiva (es el caso de la decisión que comentamos) o extintiva.

El papel que se le ha querido otorgar al silencio en la Convención se obtiene de una interpretación a contrario del precepto: "el silencio o la inacción, por sí solos, no constituirán aceptación". La indeterminación del texto vienés acerca de las concretas circunstancias que conducirán a la determinación de un asentimiento suficiente, sin que sea preciso declaración o actuación alguna por parte del destinatario, puede resultar peligroso, habida cuenta que podría producir más inconvenientes que el efecto favorable que se pretende otorgar a la norma positiva. Sin embargo, debe afirmarse que una pretendida concreción de las circunstancias por las que el silencio o la inacción adquirirían valor de aceptación es una temeridad (salvo en los casos en que una disposición legal, el pacto de los contratantes o los usos concedan valor declarativo al silencio) por la imposibilidad de concretar a priori su valor. Esta situación produce una carga extra para el intérprete que queda constreñido al examen detallado de los hechos particulares del negocio en cuestión. En este sentido, el problema estriba, no tanto en el reconocimiento legal del silencio, como en la determinación de los factores o circunstancias que llevan a la elevación del mismo a la categoría de declaración de voluntad y al reconocimiento del papel que puede desempeñar al hilo de las relaciones contractuales. En este sentido, y como primera reflexión previa, debe quedar incontrovertido que el oferente no puede forzar la perfección contractual al especificar en su oferta que el silencio o la falta de actuación del destinatario se reputará como aceptación. Esto es, ningún oferente puede mediante una mera frase en la oferta imponer el deber de hablar al destinatario, a menos que pretendan ampararse las situaciones abusivas e injustas que conducirían a muchos empresarios, a los que se les ha enviado mercancías que ni tan siquiera han pedido, a contratar en base a su silencio. Conforme a esta idea ya se contenía en el precedente del texto vienés -la Ley Uniforme sobre la formación de contratos para la venta internacional de mercaderías de 1964- una normativa sobre el silencio que está de acuerdo con lo comentado: "Sin embargo, una estipulación de la oferta que establezca que el silencio equivaldrá a la aceptación, carece de valor" (art.2.2). Desde otro punto de vista, el oferente tampoco puede obligar al destinatario a que rechace la oferta, ni mucho menos especificar que, en caso de no hacerlo, su silencio o inacción constituirá aceptación. En ambos casos, el oferente no puede conferir al silencio un resultado legal que no posee.

Por otro lado, existen una serie de elementos que pueden ayudar a que el silencio se proyecte como operativo en el ámbito jurídico, generalmente apoyado en el marco de las relaciones entre los negociantes, y que son lo suficientemente efectivos como para otorgar una cierta significación contractual a lo que no pasa de ser una absoluta pasividad del sujeto. Sin ánimo de exhaustividad, es muy frecuente que se trate de:

1.- Disposiciones legales que imponen o, por el contrario, excepcionan el deber de hablar o actuar, por lo que al silencio o la inacción se les concede una valoración jurídica legalmente preestablecida. La parte II de la Convención ofrece dos ejemplos muy significativos acerca de la concesión de valor jurídico al silencio por una disposición legal.

En primer término, el artículo 19.2 CNUCCIM que, para los casos de aceptación a una oferta en la que se introducen variaciones no sustanciales, entiende que el silencio del oferente acerca de esas modificaciones introducidas en la aceptación constituye una aquiescencia de las variaciones propuestas. Se presume que la no objeción de las discrepancias (si el oferente guarda silencio) desemboca en la aceptación de los términos adicionales que, en consecuencia, pasan a formar parte del contrato.

Lo mismo sucede para los supuestos de aceptación tardía, contemplados en el artículo 21 CNUCCIM, que se refieren a dos específicas situaciones. La primera relativa a una declaración de aceptación que se ha enviado tarde y, por tanto, llega también tarde (art.21.1 CNUCCIM), donde se concede valor al silencio de forma puramente negativa o de rechazo. La segunda referida a una indicación de asentimiento que, habiendo sido emitida regularmente, llega fuera del plazo de aceptación debido a algún tipo de retraso en su transmisión (art.21.2 CNUCCIM). En esta última hipótesis, el oferente tiene la carga de comunicar al destinatario que considera su aceptación caducada. En caso contrario, es decir, si no se comunica con él, permaneciendo callado o inactivo, la aceptación es perfectamente eficaz y válida. En estas dos circunstancias el deber de hablar que pesa sobre el oferente es tan fuerte que cualquier persona razonable entendería que existe esa obligación de avenirse o rehusar y, si no se actúa consecuentemente, el silencio es un índice muy claro al rechazo o la conformidad con la situación.[4]

2.- Los usos y las prácticas establecidas entre los contratantes pueden imponer el deber de responder o actuar en relación a una oferta recibida o, por el contrario, pueden excepcionar la obligación de hablar o actuar en determinadas situaciones. Un determinado uso podría justificar la consideración del silencio como apto para señalar asentimiento. Más frecuente será el caso en que dos comerciantes, inmersos generalmente en relaciones negociales constantes, duraderas y continuadas, acuerden explícita o implícitamente que el silencio se considerará como aceptación para el futuro de sus relaciones negociales, o simplemente se establezca así para una transacción concreta. Acuerdo que es perfectamente lícito y posible a tenor del principio de libertad de pacto consagrado en el artículo 6 CNUCCIM, además de ser bastante frecuente cuando se trata de contratos de larga duración en los que se facilita su renovación mediante la concesión al silencio del valor de aceptación. Es, por último, igualmente plausible que al hilo de una práctica reiterada o de similares contratos se entienda por los contratantes que el silencio de una de ellas equivale al consentimiento (art.9 CNUCCIM).[5]

3.- A diferencia de los casos anteriores, donde resulta prácticamente indiscutido el valor o el papel que el silencio puede desempeñar asistido por los factores reseñados, pueden existir algunas situaciones donde la ausencia de esos instrumentos pueden ocasionar algunas dudas acerca de la equiparación entre el silencio y la aceptación. Se trata de un silencio que se caracterizará como asentimiento únicamente cuando el complejo de las circunstancias sean lo suficientemente expresivas para conducir a ese significado en el contexto social y económico donde se desenvuelve la particular transacción.

Nos referimos, en primer término, a aquellos casos en los que el propio destinatario de la oferta es quien solicita la misma mediante una invitatio ad offerendum, lo que puede justificar que el oferente (destinatario de esa invitación a ofrecer) razonablemente infiera que el silencio del destinatario implica aceptación de la oferta solicitada a la luz de las circunstancias específicas de la operación y, especialmente, de la buena fe. De este modo, cuando de los hechos y de las circunstancias de la transacción se derive que la persona que recibe la oferta tiene el deber de informar al oferente de su intención de no aceptar, su silencio o inacción (la no actuación positiva mediante el rechazo de la oferta) durante un período de duración razonable puede implicar aceptación.[6] Esta solución creemos que puede igualmente aplicarse a aquellos casos en que la oferta es ambigua y el destinatario acepta informando al oferente del particular sentido que otorga a la propuesta contractual, de tal forma que si el oferente no objeta en ese momento, el contrato se forma de acuerdo con la subjetiva intención del aceptante.

En segundo término, se presenta como una hipótesis muy conflictiva la relativa al envío de mercancías que no han sido objeto de ningún pedido. Este tipo de situaciones excepcionales se entienden usualmente como inmersas en una actividad promocional o de marketing o como el envío de muestras o modelos por parte de un empresario para de esa manera dar a conocer sus productos a eventuales compradores. Es, por consiguiente, una invitación a hacer ofertas. El envío de las mercancías se entiende inmerso en la actividad promocional y, por supuesto, no ha de pagarse el precio de tales bienes. No obstante, no debe descartarse que determinados casos se califiquen jurídicamente como de verdaderas ofertas que, por supuesto, el destinatario de la misma es libre o no de aceptar. En este caso el silencio del la persona al recibir las mercancías -si ha existido algún acuerdo, trato o compromiso anterior- podría considerarse como aceptación, habida cuenta que puede ser consciente de que el envío de las mismas constituye una oferta y, por tanto, su recibo implicaría aquiescencia, a menos que inmediatamente reintegre las mercancías. Sin embargo, es más adecuado considerar que ningún operador comercial puede obligar a una persona que ha recibido una oferta acompañada de las mercaderías a que las devuelva, ni mucho menos puede imponerle la perfección del contrato para el caso de que se señale que la falta del reintegro de las mercancías -o su silencio- se considerará como aceptación. En cualquier caso, el destinatario de la oferta deberá cuidar de las mercancías. Si decide disponer de ellas -revendiéndolas a un tercero o usándolas para su propio beneficio- se habrá producido una aceptación de la oferta, siempre que del elenco de los factores objetivos y subjetivos que rodean al negocio se derive que el destinatario de la oferta pretendía de ese modo aceptar (art.8 CNUCCIM). Pero, en esta hipótesis, más que de una aceptación por silencio, se trata de una indicación de asentimiento mediante una actuación.

El examen que acabamos de realizar viene a apoyar la tesis de una configuración autónoma del silencio al margen de las declaraciones tácitas, lo que deriva no sólo de la distinción en las formas de exteriorizar la voluntad que el artículo 18.1 CNUCCIM realiza, sino también de un correcto entendimiento de esa figura. El silencio jurídico se caracteriza por responder a una actitud abstencionista, pasiva u omisiva del sujeto ante una declaración de voluntad, diferenciándose de las manifestaciones de voluntad tácitas, esto es, de aquellas conductas que no expresan directamente una intención de aceptar pero de las que se infiere la misma por la inequivocidad y determinación con que se realizan. Por ejemplo, los actos dispositivos sobre las mercaderías envíadas como oferta de contrato y el envío de las mercancías o el pago del precio como aceptación a una oferta.[7] Situaciones que claramente exteriorizan un comportamiento concluyente e inequívoco de uno de los contratantes.

IV. Una aplicación concreta del valor del silencio en la Convención

Una vez examinados los contornos jurídicos en los que se desenvuelven las figuras del silencio y la inacción, debemos retomar el examen de los hechos que motivan el presente estudio. Ciertamente que la solución del supuesto no resulta sencillo por el diferente valor que se pretende otorgar a los intercambios de correspondencia entre los contratantes, así como por el elevado número de comunicaciones del caso.

Mientras que la parte demandada -CHILEWICH- invoca erróneamente la sección 2-207 del Código de Comercio Uniforme norteamericano (UCC), que tiene su inexacta contrapartida en la disposición del artículo 19 CNUCCIM dedicada a la regulación de la contraoferta, la parte demandante -FILANTO- lo hace sobre la acertada base de entender aplicable la normativa vienesa. No obstante, se equivoca al entender que el precepto pertinente para la solución del conflicto es el mencionado artículo 19, pretendiendo en consecuencia que el Memorándum, que devuelve firmado el día 7 de agosto, constituye una contraoferta (habida cuenta que se trata de una respuesta a la oferta que modifica uno de los elementos que el párrafo 3º del artículo 19 CNUCCIM considera expresamente como sustancial: la cláusula de arbitraje) que CHILEWICH acepta mediante el fax de 27 de septiembre de 1990. Esta alegación por parte de FILANTO no puede ser más inexacta porque este fax es posterior a la efectiva ejecución parcial del contrato (la entrega de la mercancía se produce el 15 de septiembre), por lo que difícilmente podrá reputarse como aceptación, máxime cuando la Convención permite que el comienzo en la ejecución contractual -envío de las mercancías o pago del precio (art.18.3)- y que la total realización de los deberes contractuales -llegada de las mercancías y pago del precio (art.18.1)- se reputen como indicaciones de asentimiento suficientes para constituirse jurídicamente en actos de aceptación, siempre que se cumplan los condicionantes de tipo temporal (art.18.2).

La solución del supuesto ha de centrarse en el examen de los hechos anteriores y posteriores a la confección del Memorándum por CHILEWICH el 13 de marzo de 1990. Efectivamente, este Memorándum constituye una oferta de compra dirigida a FILANTO por CHILEWICH, quien demuestra y reitera su intención de contratar al ordenar la apertura de un crédito documentario a favor del vendedor dos meses después (7 de mayo de 1990). Sin embargo, la empresa italiana no se decide a devolver el Memorándum firmado hasta 5 meses después de la redacción del mismo (el 7 de agosto de 1990).

Con anterioridad se mantuvieron toda una serie de contactos iniciales, donde efectivamente parecía existir una clara intención de ambos negociantes por llegar a un acuerdo, aunque subsistía la discrepancia acerca de la cláusula de arbitraje. Esto condujo a que CHILEWICH tomase la iniciativa -en lo que puede considerarse propiamente hablando como fase formativa del contrato- mediante la emisión de una oferta. Desde este momento, y especialmente desde el instante en que el comprador refuerza, aún más si cabe, su voluntariedad negocial mediante el inicio de actos ejecutivos -la apertura de un crédito documentario a favor del vendedor- puede decirse que se crea en el destinatario el deber de objetar a la inclusión de la cláusula de arbitraje. Este deber del destinatario de la oferta se infiere del conjunto de las circunstancias particulares del caso. La existencia durante un período diltado de tiempo de una serie sucesiva de conversaciones y negociaciones entre los contratantes dirigidas a la concreción de un buen número de elementos del futuro contrato son los elementos clave (reconocidos en el artículo 8.3 CNUCCIM),[8] junto con el inicio de actos de ejecución por el comprador, para entender que la definitiva configuración de la oferta por uno de los contratantes crea en el otro el deber de emitir una respuesta en el supuesto que pretenda negarse a la perfección contractual.

En este sentido, es realista considerar que el contrato se forma por la sola voluntad del oferente que no es rechazada por el destinatario de la proposición de contratar cuando pudo y debió hacerlo en función del elenco de circunstancias que envuelven a la transacción. De esta forma, el transcurso de un determinado plazo sin que se objeten las discrepancias convierte automáticamente una situación provisional en definitiva. Ciertamente que la conversión en términos cuantitativos de ese plazo de tiempo para objetar es difícil, aunque puede concretarse al aplicar la normativa uniforme para el caso de la indicación de asentimiento expresada mediante una declaración o un acto. En estos dos casos se exige que la aceptación "llegue" al oferente,[9] bien dentro del plazo expresamente fijado por él, bien dentro del establecido en su defecto, esto es, el plazo de duración razonable (art.18.2 CNUCCIM).

Al no haberse fijado en el Memorándum un plazo determinado para asentir, se aplica el límite temporal representado por la razonabilidad. Una vez expirado ese plazo, la aceptación por silencio se produce.[10] La hipótesis del supuesto que comentamos no plantea el menor problema porque FILANTO envía su contestación cinco meses después de la confección de la oferta y tres meses después del inicio de actos ejecutivos por el oferente. Estos plazos superan amplíamente lo que deba entenderse por "razonable" en el ámbito comercial y especialmente a tenor de la hipótesis comentada, donde los intercambios de correspondencia entre las partes se suceden fluidamente a lo largo de todo el iter negotialis.

A modo de conclusión reseñar que la posición adoptada por el tribunal en esta sentencia es acertada a la vista de las reglas dedicadas a la oferta y a la aceptación en la Convención de Viena. Por otro lado, era de esperar al ser esta una solución admitida por muchos sistemas jurídicos, como el nuestro, especialmente desde la importante Sentencia del Tribunal Supremo de 24 noviembre 1943, donde se fija el criterio que el silencio puede adquirir la significación de una manifestación de voluntad cuando en el contexto de las circunstancias objetivas y subjetivas, como las relaciones que eran habituales entre dos sujetos, uno de los interesados debía y podía hablar, pero observa una actitud silente, de la que, por consiguiente, cabía razonablemente inferir una conformidad, pues en otro caso se hubiera expresado la opinión contraria o alternativa.[11]

Deben expresarse, no obstante, ciertas cautelas porque la concesión de efectos jurídicos al silencio y a la inacción debe operar de forma restringida, no solo porque se tratan de circunstancias ocasionales que deberán ser examinadas cuidadosamente, sino también porque la regla general es que los contratos se formen a través del consentimiento mutuo de los contratantes, lo que implica la exteriorización, ya mediante palabras, ya mediante hechos concluyentes, de una cierta voluntad negocial. Por eso, el artículo 18.1 CNUCCIM conceptúa la aceptación como una declaración o un acto, aunque reconoce que el silencio y la inacción, ayudado por otros factores, pueden constituir una excepción a esta regla general. Todavía ha de prestarse una atención mayor a esos institutos, ya que constituyen también una variación muy importante al principio de comunicación. En virtud de éste, las declaraciones de voluntad (entre ellas la aceptación) necesitan recibirse por el destinatario para que puedan empezar a producir sus efectos jurídicos. Razón esta por la que la concesión de efectos al silencio debe operar de forma, si cabe, más restringida.[12]


NOTAS

1. El Convenio entró en vigor para nuestro país (de conformidad con el artículo 99.2 de la Convención) el 1 de agosto de 1991, previa publicación el 30 de enero de 1991 en el Boletín Oficial del Estado del Instrumento de Adhesión de España a dicha Convención.

2. En la parte I de la Convención se recogen los criterios geográficos y materiales de aplicación. En principio es necesario que al tiempo de presentación de la demanda, el 14 de mayo de 1991, se cumplan ciertos requisitos de internacionalidad: que ambas partes contratantes tengan sus establecimientos en Estados diferentes (Estados Unidos e Italia) y que además esos Estados sean partes contratantes (artículo 1.a CNUCCIM). Deben también satisfacerse ciertos criterios materiales: que el objeto del contrato de compraventa verse sobre mercaderías y además que no converjan los supuestos de exclusión previstos en los artículos 2 a 6 CNUCCIM. Respecto del ámbito de aplicación de la Convención, vid., CALVO CARAVACA, A. Consideraciones en torno al artículo 1 de la Convención de Viena de 1980 sobre compraventa internacional de mercaderías. Actualidad Civil, 1992, nº 23, p.329-346.

3. Esta misma regla ha sido recogida en el artículo 2.5(1) de los recién estrenados Principios relativos a los contratos comerciales internacionales. UNIDROIT, 1994.

4. Existen en la parte III de la Convención de Viena algunas disposiciones que persiguen el mismo resultado como el artículo 48.2 por el que el vendedor puede solicitar del comprador (oferta) que le conteste en un plazo razonable acerca de si acepta el cumplimiento (tardío o no conforme). Pasado ese plazo, el vendedor podrá cumplir sus obligaciones al haberse producido una aceptación por el silencio del comprador.

5. En el mismo sentido la totalidad de los comentaristas del texto uniforme. HONNOLD, J. Derecho Uniforme sobre compraventas internacionales. Traducción por Sánchez Calero, F. y Olivencia Ruiz, M. Madrid: EDERSA, 1987, p.207; FARNSWORTH, E.A. Acceptance, en Bianca, C.M., y Bonell, M.J., (coord), Commentary on the International Sales Law. Milan: Giuffré, 1987, p.166; SCHLECHTRIEM, P. Begriff der Annahme, en Caemmerer, von E., y Schlectriem, P., Kommentar zum Einheitlichen UN-Kaufrecht. München: Verlag C.H. Beck, 1990, p.155. Igualmente, el comentario de la Secretaría jurídica de UNCITRAL al artículo 16 (actual art.18.1 CNUCCIM) del Proyecto de Convención de 1978, en A/CONF.97/5, p.25, Conferencia de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Viena, 10 de marzo-11 de abril de 1980. Documentos Oficiales (A/CONF.97/19). Nueva York: Publicaciones de las Naciones Unidas, 1981.

Lo mismo puede decirse para el marco de nuestro derecho doméstico, por ejemplo, STS 14 junio 1963 (RA 3058); STS 29 de enero 1965 (RA 262); STS 13 febrero 1978 (RA 294) y STS 5 enero 1981 (RA 109) que también reconoce el valor del silencio derivado de las previas relaciones negociales entre las partes.

6. Honnold ejemplifica esta situación del siguiente modo: "El 1 de junio el comprador envío lo siguiente al vendedor: Por favor, envíeme con prontitud la cotización de los precios de las siguientes mercaderías (especificando cantidad y calidad). Si no le digo nada en el plazo de tres días después de recibir su cotización, considere su oferta como aceptada. El vendedor envió la cotización al comprador el 3 de junio; el comprador no respondió hasta el 10 de junio, cuando discutió los precios que el vendedor había incluido". El autor concluye señalando que el silencio del comprador fue una aceptación de la oferta del vendedor. Cfr. HONNOLD, Derecho Uniforme, op.cit., p.160, que de esta forma adecua la normativa uniforme a la que se sigue en el common law acerca del silencio. Vid. en particular un estudio de derecho comparado de los sistemas jurídicos francés e inglés, OWSIA, P. Silence: efficacy in contract formation: A comparative review of French and English law. International and Comparative Law Quarterly, 1991, vol.40, nº4, p.784-806.

7. No debe perderse de vista que no estamos ante supuestos de silencio a una oferta que se apoya en otros factores (el envío de las mercaderías o el pago), tal y como sostiene NULO, M. The Vienna Sales Convention 1980 and the Hague Uniform Laws on International Sale of Goods 1964: A comparative analysis. International and Comparative Law Quarterly, 1989, vol.38, p.12; e implícitamente AUDIT, B. La Vente Internationale de marchandises (Convention des Nations-Unies du 11 avril 1980), en Droit des Affaires. Paris: LGDJ., 1990, p.63, sino que se trata de una aceptación tácita de la oferta mediante la realización de actos ejecutivos, lo que lógicamente se opone a la naturaleza misma del silencio y la inacción. Por eso, se dice acertadamente que "el silencio y la inacción no son actos, sino no actos". Cfr. ILLESCAS ORTIZ, R. La Convención de Viena de 1980 sobre compraventa internacional de mercaderías: ámbito de aplicación y perfección del contrato. Derecho de los Negocios, 1992, nº16, p.6. Esta configuración del silencio o la inacción como no actos es muy acertada a la vista de la vacilante doctrina de nuestro Tribunal Supremo que, en ocasiones, considera al silencio como una declaración tácita de voluntad -entre otras, STS 13 de febrero 1978 (RA 294); 18 octubre 1982 (RA 5560); 28 enero 1983 (RA 395)-, mientras que otras lo enmarca en una categoría independiente -STS 29 de enero 1965 (RA 262) y 7 de julio de 1990 (RA 5782).

8. El artículo 8.3 CNUCCIM que es determinante para la interpretación de lo declarado y actuado por las partes contratantes indica que: "Para determinar la intención de una parte o el sentido que habría dado una persona razonable deberán tenerse debidamente en cuenta todas las circunstancias pertinentes del caso, en particular las negociaciones, cualesquiera prácticas que las partes hubieran establecido entre ellas, los usos y el comportamiento ulterior de las partes".

9. La expresión "llega" tiene en el ámbito uniforme un sentido preestablecido en el artículo 24 CNUCCIM que viene a adoptar la teoría del conocimiento para la perfección o efectividad de las declaraciones orales y la teoría de la recepción por lo que respecta a las declaraciones escritas. El artículo 13 entiende a estos efectos que la expresión por escrito comprende al telegrama y al télex, lo que puede extenderse, por vía analógica, a los modernos medios de comunicación como el fax y el intercambio electrónico de datos (IED, más conocido por sus siglas anglosajonas como EDI). Este principio general de comunicación, regulado en el artículo 18.2 y especificado en el reseñado artículo 24, presenta algunas excepciones, bien fundadas en la propia naturaleza de la excepción (como es el caso que comentamos del silencio y la inacción), bien en función de la adaptabilidad a los requerimientos de un tráfico comercial ágil y seguro: la aceptación mediante la ejecución de una acto -envío de las mercaderías o pago del precio- disciplinada en el artículo 18.3 CNUCCIM.

10. En cambio, si se entiende que al silencio no se le puede conceder valor jurídico alguno, el transcurso del plazo significaría la caducidad de la oferta (art.18.2 CNUCCIM).

11. Análogamente, CASTAN, J. Derecho Civil Español, Común y Foral. Madrid: Reús, 1987, p.753-754; MORENO QUESADA, B. La oferta de contrato. Revista de Derecho Notarial, 1956, nº12, p. 209; GOMEZ CALERO, F., en Jiménez Sánchez, G.J. (coord). Derecho Mercantil. Barcelona: Ariel, 2ª ed, 1992, p.220; CHULIA, V. Compendio crítico de Derecho Mercantil. Barcelona: Bosch, 3ª ed, 1990, p.30. Fuera ya de las situaciones en que la ley o la voluntad de los particulares conceden efectos jurídicos al silencio -STS 21 octubre 1941 (RA 1089)-, no existe un acorde entendimiento sobre la doctrina aplicable al silencio; buena prueba de ello es la STS 19 diciembre 1990 (RA 10287), comentada por DIAZ-AMBRONA, D. El silencio en la teoría del negocio jurídico (Notas a la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 1990). Actualidad Civil, 1991, nº 48, p.667-679, en la que se formula por uno de los magistrados un voto particular al disentir del criterio mayoritario expresado por el tribunal. Asimismo, se aprecia que la doctrina sobre la abstención y el silencio debe ser apreciada con cautela puesto que en esta materia todavía no se han llegado a establecer fórmulas de general aceptación que sean suficientemente seguras, precisas y que tengan además el debido acoplamiento a nuestro ordenamiento positivo -por ejemplo, STS 30 septiembre 1971 (RA 3719).

12. Por eso, algún autor considera que el último factor decisivo a tener en cuenta para considerar al silencio como aceptación es el de la observancia de la buena fe bajo las concretas circunstancias del negocio. SONO, K. Formation of International Contracts under the Vienna Convention: A shift above the comparative Law, en Volken, P., y Scarcevic, P. (coord). International Sale of Goods. Drubovnik Lectures, 1986, p.134. Esta exigencia de buena fe generalmente se derivará de la falta de oposición, protesta, reserva, rechazo u objeción a una cierta situación, lo que significa que la persona que permanece callada o pasiva pueda -tenga la oportunidad- y deba -por esperarse asi- hablar.


Pace Law School Institute of International Commercial Law - Last updated February 24, 1998
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